Jueves 22 de enero de 2026.- Veintiún personas fallecidas, 20.432 personas damnificadas y 878 viviendas destruidas son las dramáticas cifras que entregó hoy el último balance de las autoridades con respecto a los megaincendios registrados durante la última semana en las regiones de Biobío y Ñuble. Esos lamentables números probablemente seguirán al alza considerando que hasta las 19:00 horas de esta tarde, según la CONAF, se seguían combatiendo 16 incendios de magnitud (más de 200 hectáreas), la mayoría de ellos en las regiones mencionadas y en La Araucanía, donde se mantiene la alerta roja.
En ese contexto, el Gobierno hoy decretó dos días de duelo nacional para honrar a las víctimas de la tragedia que azotó principalmente a las localidades de Lirquén, en la comuna de Penco, y Punta de Parra, en Tomé. Asimismo, inició la instalación de las primeras viviendas de emergencia en Concepción para acoger a las personas que perdieron su hogar y se ha continuado con la aplicación de las fichas FIBE (que ya iban en 1.500 aproximadamente) para canalizar la entrega de ayuda estatal. Por otra parte, el Ministerio de Salud extendió la alerta sanitaria a la región de La Araucanía, mientras que la Jefatura de la Defensa Nacional prohibió el uso de drones particulares en zonas de incendios forestales en el Bío Bío, para no entorpecer las labores de combate de los siniestros, como ocurrió ayer en algunas áreas.
En el Congreso, en tanto, se registró otro hito relevante que puede ayudar a evitar este tipo de catástrofes: la Comisión de Hacienda del Senado despachó a la Sala del Senado el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, tras estar cerca de un año en dicha instancia legislativa.
La iniciativa otorga nuevas herramientas y sanciones para prevenir estos siniestros y busca un mecanismo ágil para la incorporación de zonas de interfaz urbano-rural en los instrumentos de planificación territorial, así como la definición de áreas de amortiguación, con el objetivo de reducir riesgos mediante el manejo obligatorio de la vegetación y la implementación de cortafuegos.
La Comisión sometió a votación 20 artículos de su competencia y planteó algunos cambios que apuntan principalmente a rebajar los topes máximos de las multas: de 2 mil a mil unidades tributarias (UTM) mensuales para infracciones graves, y de 5 mil a 3 mil UTM para infracciones gravísimas. Esta situación fue objeto de amplio debate pues, a juicio de los legisladores, "no se fortalece de manera equivalente la persecución penal de los incendios ni se incorporan apoyos económicos suficientes para el cumplimiento de las nuevas obligaciones preventivas".
De todos modos, los integrantes de la Comisión relevaron la importancia de esta ley como herramienta preventiva, pero al mismo tiempo subrayaron la necesidad de profundizar el análisis de algunos aspectos como aquellos que podrían afectar a los pequeños propietarios.
Residuos forestales acumulados
En las últimas horas también escaló una polémica surgida luego que un reportaje de Biobío Chile revelara que empresas forestales en esa región solicitaron en abril pasado realizar la quema controlada de residuos forestales acumulados en 4 mil hectáreas de sus terrenos en el Gran Concepción, para eliminar este material combustible durante el invierno antes de que se iniciara la temporada actual de incendios forestales, lo cual hasta el día de hoy no ha sido autorizado.
Desde la Delegación Presidencial Regional del Bío Bío y la Seremi de Medio Ambiente argumentaron que el Plan de Descontaminación Atmosférica que rige en la zona no permite realizar estas actividades durante el invierno y que, a partir de octubre, sí se podría haber efectuado parte de esa tarea. Además, comentaron que la quema no era la única opción para eliminar dichos residuos forestales que, además, se acumularon durante seis años.
La situación generó opiniones divididas. Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, acusó a la Corporación de la Madera (Corma) de no hacerse cargo de sus responsabilidades: "La Corma tiene la mala costumbre históricamente de culpar a terceros. Es como una cosa endémica; yo, desde que estoy en el gobierno, no ha pasado verano en que no vea a la Corma culpando a otros y no asumiendo gestiones. Yo reconozco en la Corma los esfuerzos de disponer de medios para combatir los incendios, pero quiero ser bien transparente: la solicitud de quema autorizada es mientras esté vigente el Plan de Descontaminación (...)", indicó en una entrevista con Radio Pauta.
Por otra parte, algunos parlamentarios culparon al Gobierno, como el diputado Eric Aedo, quien indicó a radio Biobío que "el exceso de ideologismo" de esta administración lo está pagando la gente que ha sufrido con estos incendios forestales. A su vez, otros diputados como Félix González apuntaron a las empresas forestales señalando que fueron irresponsables al mantener el material combustible "en los alrededores de las viviendas que hoy se están quemando".
Incendios: avanza proyecto que regula la prevención y escala polémica por acumulación de residuos forestales
La iniciativa legal fue despachada a la Sala del Senado, mientras que surgieron críticas cruzadas por la no autorización de la quema controlada de residuos acumulados durante seis años por las forestales en el Gran Concepción. La cifra de fallecidos llegó a 21, con más de 20 mil damnificados y sobre 800 viviendas destruidas.
