Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Proyecto Dominga: El «De» en Vez del «Para»

Eduardo Astorga

Astorga Eduardo-interior
Ph.D., Profesor de Derecho Ambiental


Más allá del devenir del caso Dominga, llama la atención cómo este proyecto develó el nivel de confusión conceptual que aún existe respecto de los alcances institucionales de nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual requiere de ciertas aclaraciones.

La primera constatación es que la decisión final sobre un proyecto o actividad siempre será política. Esto, independiente de que dicha resolución sea otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente, tal como ocurre en varios países latinoamericanos, o por el Ministerio sectorial respectivo como sucede en varios modelos europeos.

Lo que confunde es que en Chile esta decisión final está alojada en la institucionalidad ambiental, incorporando la variable política que enturbia las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Cabe reconocer que la Ley 20.417 hizo un esfuerzo de despolitización, al establecer en su Artículo 9º bis, que “La Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar un proyecto o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados en la legislación ambiental vigente”. A contrario sensu y como lo demuestran los hechos, esto significa que en lo no normado, la autoridad dispone de márgenes de discrecionalidad política.

Lo segundo que es preciso recalcar es que en este ámbito no existen sistemas ideales, sin perjuicio que la correcta configuración de la Evaluación de Impacto Ambiental debe ser técnica, ya que incorporar otras variables conlleva el peligro de desvirtuarla.

Se trata de un instrumento de conocimiento al servicio de la decisión y no de un instrumento de decisión propiamente tal. En otras palabras, debería tratarse de un instrumento PARA la decisión más que DE decisión. Es decir, debe diseñarse como una herramienta destinada a incorporar el componente socio-ambiental a una decisión multivariable que evidentemente trasciende al SEIA, y en la cual la autoridad a cargo de adoptarla deberá incluir, entre otros, el componente político. En ese contexto, el elemento ambiental expresado en la respectiva RCA es un antecedente más que forma parte de esta ecuación.

Lo afirmado se hace pivotar sobre la idea de que la Evaluación de Impacto Ambiental no está concebida como instrumento de decisión sino que de conocimiento al servicio de la misma, asignándole funciones técnicas de conocimiento, coordinación, racionalización, flexibilidad y consenso.

Lo tercero que se debe comprender es que el SEIA supone decisiones de política previamente asumidas, tales como las vinculadas a la Evaluación Ambiental Estratégica, las cuales establecen los valores ambientales del territorio fijando sus vocaciones naturales, usos compatibles, imagen prospectiva de las poblaciones locales, etc. Estos son algunos supuestos en los que se sustenta el SEIA, y que este instrumento no es capaz de reemplazar. Su falta de idoneidad para tomar decisiones políticas sólo genera conflictos socio-ambientales cuando erradamente se le exige respuestas para ámbitos en que no es competente, y luego se le descalifica injustamente por tal motivo.

Columna publicada en Revista InduAmbiente n° 146, mayo-junio 2017, página 69.