Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Aarón Cavieres Cancino

Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)



Aaron Cavieres
Iniciar las operaciones el próximo 1 de febrero y asegurar, dentro del tercer año de la ley (que parte el 9 de marzo de 2026), un traspaso ordenado y eficiente de las áreas protegidas y funcionarios desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Ministerio del Medio Ambiente. Esas son dos de las prioridades para Aarón Cavieres, Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), institución pública creada para fortalecer la conservación de la naturaleza en Chile.

Ingeniero forestal de la Universidad de Chile, Magister en Ciencias Forestales de la University of Wisconsin-Madison (EE.UU.), se ha especializado en políticas forestales, biodiversidad y conservación, sumando más de 30 años de experiencia en gestión pública, docencia y consultoría internacional. En ese marco, destaca su desempeño como director ejecutivo de la CONAF, entre 2014 y 2018.

Hoy, al frente del SBAP, señala que su gestión estará enfocada en consolidar a este servicio "como una institución moderna y con una fuerte presencia territorial, capaz de responder a los desafíos en materia de conservación y valorización del patrimonio natural del país". Para ello, trabajan en varias líneas de acción estratégicas, entre las que destaca: "El traspaso ordenado y responsable de las áreas protegidas terrestres y marinas del Estado al SBAP, asegurando continuidad operativa y fortalecimiento de las capacidades existentes. Este proceso es clave para dar coherencia al nuevo modelo de conservación que el país ha decidido impulsar, donde la integración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas permitirá avanzar hacia una conservación más efectiva, con una mirada sistémica".

Otro eje relevante será el manejo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas. Y también la constitución del SBAP como un organismo de la administración del Estado con competencia ambiental que trabaje bajo criterios apegados a la ley y fundados en el mejor conocimiento para adoptar decisiones claras, transparentes y que minimicen la discrecionalidad, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Asimismo, esperan avanzar en una coordinación efectiva con los otros servicios públicos ligados a la conservación del patrimonio natural, articulando esfuerzos también con actores privados, comunidades locales e indígenas. Además, impulsar alianzas para el financiamiento sostenible, que aseguren continuidad y proyección en las acciones de conservación en el largo plazo.

Perfil publicado en InduAmbiente n° 197(noviembre-diciembre 2025), página 91.