SONAMI presenta propuesta con bases del desarrollo minero para la nueva Constitución

Lunes 25 de octubre de 2021.- La relación de la minería con el agua, con los pueblos indígenas y con la innovación tecnológica; las características especiales de la actividad y la inversión estatal versus la privada; y la arquitectura regulatoria para el sector. Esos son los ámbitos que planteará la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) para la discusión por parte de la Convención Constituyente que está trabajando en el desarrollo de la nueva Carta Magna.

Desde el gremio que reúne a la pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica del país, esperan que la nueva Constitución aporte un marco que permita seguir desarrollando esta actividad en el país y contribuyendo a los desafíos del futuro, como lo ha hecho a lo largo de la historia.

En este contexto, la SONAMI dio a conocer un documento que apunta a ser de utilidad para el trabajo de los convencionales. El texto se gestó tras un intenso trabajo que comenzó a principios de 2020 y que convocó a un grupo de abogados expertos en temas mineros y constitucionales. Al equipo de juristas, se unió un abanico más amplio de profesionales relacionados con la minería, aportando un mix de miradas a los distintos temas del sector. La tarea del grupo se basó en tres ejes: sustentabilidad, marco jurídico y entorno económico.

"El marco institucional, político, económico y jurídico que consagre la Constitución debe generar confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer y promover la inversión junto con el desarrollo, particularmente si se trata de la actividad minera que se despliega en el largo plazo", indicó el presidente del gremio, Diego Hernández.

Algunas propuestas

La SONAMI realiza una serie de propuestas en torno a los ámbitos que, a su juicio, debiera considerar la discusión del órgano constituyente.

En materia regulatoria, por ejemplo, desde la agrupación recuerdan que los cuerpos normativos más destacados son el Código de Minería, la Ley Orgánica de Concesiones Mineras y la Constitución Política de la República, a los cuales se agrega el DL 600, derogado en 2015. Y plantean que es deseable que se mantenga la arquitectura jurídica que le ha permitido a la minería su desarrollo y éxito, además de ser el pilar histórico tanto económico como social del país.

Añaden que sería conveniente mantener el régimen de amparo de las concesiones mineras por pago de patente, que permite brindar la certeza y la estabilidad necesarias al concesionario minero. Y al respecto aseguran que este mecanismo ha sido reconocido internacionalmente por su funcionamiento objetivo, transparente y de fácil fiscalización, destacando, además, que es una importante fuente de ingresos municipales y, por lo mismo, un apoyo para las regiones mineras.

En relación al agua, en tanto, el documento plantea: "El derecho humano al agua es una causa central en el debate constituyente. Por esta razón, la Sociedad Nacional de Minería estima que debe darse orientación al Estado para garantizar y priorizar el consumo humano y saneamiento, y asegurarse que prime la no discriminación en la asignación de los derechos una vez solventado ese derecho humano y los caudales ecológicos".

Con respecto a las comunidades indígenas, en SONAMI consideran "relevante consagrar el derecho a la protección de tierras y aguas indígenas, velando por el derecho de los pueblos originarios a obtener beneficios justos y equitativos por las iniciativas que utilicen o exploten recursos naturales provenientes del suelo y subsuelo de sus territorios, sujetándose al deber de respetar las normas legales aplicables". En ese marco, estiman que la evaluación ambiental de los proyectos mineros de explotación debe ser la instancia en que "se aborde la relación entre el derecho minero, el medio ambiente, los predios superficiales y, en su caso, la propiedad especial que sobre éstos tengan las comunidades indígenas, sujeta a un estándar de protección especial y distinta al régimen general".

Diego Hernández recalcó que el documento de trabajo busca constituirse en un aporte al trabajo serio y responsable que debe realizar la Convención Constituyente. "La minería es un sector productivo complejo y, al ser pilar económico y social del país, es necesario que sea muy bien entendido por los tomadores de decisiones. Por ello, queremos contribuir con insumos técnicos que permitan que los convencionales cuenten con la información necesaria para realizar su trabajo sin dañar los pilares chilenos. En la misma línea, estamos disponibles para participar en los debates y confiamos en que seremos considerados cuando se aborden aspectos relativos a la industria minera", concluyó.

Más detalles del documento se pueden conocer en este link.