Reforma a la SMA: alcances clave para entender su impacto en la fiscalización ambiental

Miércoles 6 de agosto de 2025.- Recientemente la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto que busca modernizar la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para fortalecer y mejorar la eficiencia de la fiscalización y promover el cumplimiento de la regulación ambiental en Chile. El proyecto -que ya fue visado por la Cámara de Diputadas y Diputados- pasará a discusión en la Sala, avanzando en su trámite legislativo.

Juan Eduardo Johnson, socio y senior de ECOS Chile, conoce de cerca este tema. En 2021 participó de la mesa técnica de expertos que, por un lado, elaboró un diagnóstico acerca de las deficiencias de la SMA y, por otro, generó una propuesta sobre las materias que debían modificarse en la Ley Orgánica de dicha entidad (LOSMA) con el fin de fortalecer su labor fiscalizadora. Dicho documento se consideró como base para el proyecto de reforma.

Sobre ese escenario, en la siguiente entrevista, el profesional analiza los principales alcances y cambios del proyecto de ley que impactarán en la fiscalización ambiental.

-Desde una mirada técnica-operativa, ¿qué brechas ha evidenciado el actual modelo de fiscalización ambiental en Chile que esta reforma busca corregir?

Desde su puesta en marcha en diciembre de 2012, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha gestionado aproximadamente 50.000 expedientes de fiscalización e iniciado alrededor de
2.500 procedimientos sancionatorios. Esta trayectoria ha revelado importantes fortalezas, pero también limitaciones significativas, muchas de las cuales se vinculan con el diseño legal original de la institución.

Entre las principales brechas del modelo vigente se identifican:

• Participación insuficiente de Organismos Sectoriales: La SMA presenta una baja capacidad para asegurar la participación de estos organismos en sus actividades, lo que ha reducido la eficacia del modelo, dado que constituyen su pilar central.

• Rigidez procedimental: Existe un único procedimiento sancionatorio, sin distinguir entre tipos ni grados de infracción. Esto impide una respuesta ágil y proporcional frente a los incumplimientos ambientales.

• Débil capacidad de respuesta a denuncias: El aumento sostenido en el número de denuncias ha sobrepasado la capacidad operativa de la SMA, generando demoras significativas en su gestión.

• Uso limitado de incentivos al cumplimiento: Herramientas legales como la autodenuncia o los planes de reparación son escasamente utilizadas, en parte debido a barreras procedimentales.


-¿Permite la propuesta resolver los problemas identificados?

La reforma propuesta apunta a corregir varios de los nudos identificados a lo largo de estos 13 años de operación. Pero, a pesar de sus aciertos, el proyecto legislativo también presenta omisiones relevantes y modificaciones que no necesariamente abordan los problemas más críticos, destacando los siguientes:

• Se establece un procedimiento sancionatorio simplificado: Facilitaría la resolución más expedita de infracciones menores, contribuyendo a una gestión más eficiente.

• Se delegan competencias: Se transfiere la competencia de fiscalización de ruidos molestos en determinados casos a las municipalidades, lo que podría reducir la carga de denuncias sobre la SMA, aunque en este caso más bien se traspasa el problema sin resolverlo de raíz.

• Coordinación sectorial: El proyecto no fortalece de manera sustantiva la capacidad de la SMA para convocar a los Organismos Sectoriales, perpetuando una de las debilidades estructurales del modelo actual.

• Se establecen restricciones adicionales a los instrumentos de incentivo: Algunos cambios podrían desincentivar el uso de instrumentos alternativos al procedimiento sancionatorio, en vez de promoverlos.

• Enfoque disuasivo: Se introducen infracciones más graves y mayores atribuciones para fiscalizadores, situaciones que no se relacionan directamente con las principales falencias identificadas.


El proyecto de ley presenta "omisiones relevantes y modificaciones que no necesariamente abordan los problemas más críticos", advierte Juan Eduardo Johnson.

-¿Qué cambios concretos se esperan en los procedimientos de fiscalización y cómo impactarán en el día a día de las empresas?

De aprobarse el proyecto de Ley actualmente en discusión, sería esperable transitar a una fiscalización ambiental reorientada en los siguientes focos:

• Focalización estratégica: Se destinarían mayores recursos institucionales a casos de alta complejidad o impacto ambiental.

• Mayor capacidad de intervención: Los fiscalizadores contarían con atribuciones ampliadas para actuar con mayor profundidad sobre los proyectos.

• Reducción de presión sancionatoria en casos menores: Se favorecería el uso de mecanismos alternativos y sanciones proporcionales en situaciones de menor entidad.

• Potenciación del efecto disuasivo: En casos graves, se elevaría la presión sancionatoria para promover un estándar más alto de cumplimiento, mediante el establecimiento de infracciones de mayor gravedad, mayores multas, y posibilidad de adopción de medidas.


-¿Cómo cree que esta reforma puede contribuir a una mejora real en el estándar de cumplimiento ambiental en sectores altamente regulados?

La propuesta de reforma contempla diversas modificaciones que pueden impactar en el estándar de cumplimiento ambiental; algunas de ellas en un sentido positivo, pero otras podrían derivar en una lógica inversa.

• Efecto positivo en grandes proyectos: Una fiscalización más robusta, combinada con mayores sanciones y la vigencia de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, podría impulsar mejoras sustantivas en la gestión del cumplimiento ambiental en grandes industrias.

• Riesgo de desregulación en sectores específicos: Algunos sectores quedarían fuera del ámbito de supervisión de la SMA, lo que podría derivar en una disminución en el estándar de cumplimiento si no se asegura un reemplazo institucional robusto.

• Mecanismos alternativos como doble filo: Si bien estos permitirían acelerar el proceso de retorno al cumplimiento en determinados casos, también podrían desincentivar la gestión preventiva debido a la generación de un menor riesgo sancionatorio.