Tareas ambientales del nuevo gobierno

Las candidaturas presidenciales están de acuerdo en que las principales tareas del nuevo gobierno son seguridad y crecimiento económico. Este último es uno de los cuatro pilares del desarrollo sustentable, y hay consenso que la economía viene mostrando cifras muy modestas desde hace ya una década.

Para avanzar en crecimiento económico se requiere inversión y nuevos proyectos que, en su gran mayoría, deben pasar por el escrutinio del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Luego, los plazos para su aprobación y las exigencias a los proyectos inciden directamente en la materialización de la inversión y, por ende, en el pilar económico del desarrollo sustentable.

Los análisis realizados en base a la información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), administrado por el SEA, indican que los plazos para aprobar los proyectos, ya sea por DIA o por EIA, han ido aumentando progresivamente en esta última década. Ello está causando una demora en las inversiones y, por ende, un freno al crecimiento económico.

Un estudio reciente (Horizontal) señala que, en gran medida, ello se debe al exceso de regulación, el cual se manifiesta en la aplicación desmedida de guías emitidas por el SEA, sin participación ciudadana y sin visación legal. De hecho, a partir de 2014, la cantidad de regulación en las guías comienza a superar a las de las leyes y reglamentos ambientales.

Por lo tanto, una primera tarea del próximo gobierno debiera ser suspender la aplicación de las guías del SEA por 2 años para que un grupo transversal de expertos revise su legalidad y aplicabilidad, sometiendo los resultados a un proceso de participación ciudadana. Ello permitiría volver a la administración del SEIA con exigencias basadas en la ley y sus reglamentos, lo cual se debiera traducir en plazos de evaluación y exigencias razonables.

Una segunda tarea será lograr una gestión política expedita para implementar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, recién promulgada. Los permisos sectoriales requeridos para materializar inversiones son otro factor de demoras debido a largas tramitaciones en distintos servicios públicos. La Ley faculta a los ministerios titulares de permisos para dictar reglamentos que hagan más expedita su revisión y aprobación. Luego, será tarea de los ministros sectoriales actuar con agilidad para permitir una rápida implementación de la ley.

Una tercera tarea será corregir la política de sobreprotección del medio ambiente realizada por el ministerio del ramo en esta administración. El ejemplo más reciente es la propuesta de sitios prioritarios para la conservación que esa cartera ha hecho con base en la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La propuesta afecta a 3,9 millones de hectáreas y cualquier proyecto localizado en esas zonas deberá ingresar al SEIA, lo que nuevamente retrasa e impide actividades económicas e inversiones.

Columna publicada en InduAmbiente n° 196 (septiembre-octubre 2025), página 39.