
La tensión entre libertad económica y regulación no es nueva. Desde los fisiócratas del siglo XVIII hasta los debates actuales sobre libre mercado el dilema persiste: ¿menos permisos significan más inversión?
En minería, la historia demuestra lo contrario. Casos como los de los trabajadores de esmeraldas en Sudáfrica o de los mineros bolivianos con esperanza de vida inferior a 35 años evidencian que sin estándares la productividad cobra vidas. Incluso en Chile, episodios como el de los 33 mineros atrapados en la mina San José en Atacama revelan que la seguridad no es opcional.
Hoy, los permisos ambientales y laborales no son obstáculos: son garantías mínimas. Las empresas que operan sin ellos no solo arriesgan sanciones, sino que pierden competitividad global. En mercados exigentes, bajar estándares equivale a dumping.
La paradoja es clara: son las propias empresas, sus sindicatos y las comunidades quienes exigen más regulación. No por ideología, sino por supervivencia técnica y reputacional.
Pensar que la eficiencia nace de la desregulación es una falacia. En el siglo XXI, la inversión seria exige permisos serios. Seguridad, salud y medio ambiente no son costos, son activos estratégicos.
Otra cosa es vender la idea de libertad.
Columna publicada en InduAmbiente n° 196 (septiembre-octubre 2025), página 77.
