Durante abril, el gobierno constituyó el Comité Consultivo de Alto Nivel para la Estrategia Nacional de Minerales Críticos. Un nombre bastante pomposo para un órgano que, en los hechos, no tiene atribuciones resolutivas, solo consultivas. Esta instancia busca responder a la creciente demanda global por minerales esenciales para la transición energética del hemisferio norte, un tema clave para Chile, cuya economía se basa en la exportación de recursos naturales, con poco o nada de valor agregado.
Si bien es necesario contar con una hoja de ruta para estos minerales, también lo es definir una postura clara como país sobre su extracción y comercialización. En este contexto, el comité nace sin una definición fundamental: ¿se trata de minerales críticos o estratégicos?
Los minerales críticos han sido definidos a nivel internacional como esenciales para tecnologías limpias, desarrollo industrial y defensa. Desde 2010, la cantidad de minerales necesarios por unidad de capacidad de generación ha aumentado en un 50% debido al aumento en el uso de las energías renovables, pero también el alza de su demanda se debe a que son utilizados para la fabricación de sofisticadas armas de guerra.
En general, los minerales críticos son aquellos que su valorización está condicionada a la demanda y que, por lo tanto, presentan un alto riesgo a las interrupciones de la cadena de suministro. En contraste, los minerales estratégicos son aquellos sobre los cuales un país tiene control de oferta por sus reservas, como podría ser en el caso del cobre y litio en Chile. Si bien estos son claves para la transición energética en algunos países y para la economía nacional, deberían ser considerados estratégicos, pues tienen peso geopolítico.
En este sentido, Cochilco ha señalado que "puede que para Chile sea más pertinente hablar de minerales estratégicos". Sin embargo, el gobierno evitó esta discusión, optando por una estrategia de minerales críticos. Con ello, Chile queda nuevamente a merced de la demanda de países desarrollados, perpetuando una lógica extractivista que antepone la producción y exportación por sobre el bienestar social, ambiental y territorial.
El citado comité tiene el mandato de abordar una amplia gama de temas: mercados, tecnologías, impactos sociales y ambientales, entre otros. Pero su carácter consultivo y la brevedad del proceso hacen poco probable que se logre abordar con la profundidad necesaria todas las temáticas que requiere una estrategia nacional. Adicionalmente, en la composición de esa instancia hay actores que no han sido convocados y, por lo tanto, más allá de los esfuerzos del gobierno, puede que el resultado de este proceso sea poco relevante.
Una estrategia de este tipo debería reconocer el rol de Chile en la oferta de minerales estratégicos, involucrar actores de distintivos sectores y definir los lineamientos para un marco normativo que proteja los ecosistemas y fortalezca el desarrollo local. El resultado no debería ser un documento que pueda utilizarse como instrumento para impulsar aprobación de proyectos, flexibilizando regulaciones y profundizando el extractivismo bajo el pretexto de contribuir a la transición energética del hemisferio norte.
Columna publicada en InduAmbiente n° 193 (marzo-abril 2025), página 60.