15 años fiscalizando el cumplimiento ambiental

Hace quince años, Chile dio un paso decisivo hacia una institucionalidad ambiental moderna y eficaz. La reforma de 2010, que dio origen a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), marcó un antes y un después en la forma en que el país fiscaliza, supervisa y promueve el cumplimiento de la normativa ambiental.

Antes de la SMA, el modelo establecido por la Ley 19.300 carecía de herramientas disuasivas y de una capacidad fiscalizadora robusta. Hoy, en cambio, Chile cuenta con un organismo altamente tecnificado que no solo fiscaliza y sanciona, sino que también incentiva el cumplimiento ambiental, entregando señales claras tanto a la comunidad regulada como a la ciudadanía. Cumplir las exigencias ambientales no es opcional: es parte de las reglas del juego y del compromiso del país con la protección del medio ambiente.

Frente al desafío de fiscalizar más de 18 mil Resoluciones de Calificación Ambiental, junto con normas, planes y nuevas obligaciones como el Impuesto Verde y la Ley REP, además del aumento de denuncias ciudadanas, la SMA ha fortalecido de forma sostenida su capacidad fiscalizadora. En este proceso, la tecnología ha sido clave. Drones, sistemas de monitoreo en línea y análisis de datos permiten llegar más lejos y con mayor precisión: en 2024, un 48% de las fiscalizaciones (2.551) se realizó de manera remota, frente a solo 98 en 2021.

Pero la tecnología por sí sola no basta: debe estar al servicio de una estrategia clara. Por eso, la SMA integra prevención, corrección, sanción y evaluación en sus estrategias de cumplimiento. Hoy, más de 4.400 procesos están conectados en línea, sobre un universo de 814 unidades fiscalizables, lo que permite monitoreo en tiempo real y detección temprana de desviaciones. A través de notificaciones preventivas, se promueve la corrección temprana de incumplimientos, fortaleciendo la cultura del cumplimiento por sobre la sanción.

El fortalecimiento institucional sigue siendo una tarea urgente. Uno de los aspectos críticos que debe abordar la SMA es el gran número de denuncias que recibe anualmente, siendo el promedio un poco más de 5.000 ?más de 39.000 en su historia?, de las cuales un 52% corresponden solo a ruidos molestos, principalmente en contextos urbanos. Esta realidad evidencia la necesidad de una reforma que permita una gestión más ágil y focalizada. El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de la SMA busca, entre otras reformas, justamente eso: que las denuncias por ruidos urbanos sean asumidas por las municipalidades y los juzgados de policía local, liberando capacidades para concentrar los esfuerzos en materias ambientales de mayor complejidad e impacto.

Columna publicada en InduAmbiente n° 196 (septiembre-octubre 2025), página 29.