Martes 4 de noviembre de 2025.- Recientemente, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) presentó su nueva Estrategia de Cumplimiento Ambiental de Residuos Líquidos, que tiene como objetivo central fortalecer la obediencia regulatoria de las industrias en esta materia y disminuir así los riesgos para la salud de las personas y los ecosistemas donde están insertos los establecimientos que generan esas emisiones contaminantes.
En nuestro país, las normas más relevantes que controlan los residuos industriales líquidos (riles) son el D.S. N° 90/2000, que regula las descargas a las aguas marinas y continentales superficiales, y el D.S. N° 46/2002 que hace lo propio con la infiltración a las aguas subterráneas.
La fiscalización de estas regulaciones corresponde a la SMA, y como requisito para ello, evalúa si los establecimientos o unidades fiscalizables (UF) califican como "fuentes emisoras". En ese caso deben reportar periódicamente a la mencionada Superintendencia los resultados de los muestreos que realizan en sus efluentes previo a su descarga, conocidos como "autocontroles".
A continuación, Juan Eduardo Johnson y Patricio Walker, socios de la consultora ECOS Chile, responden las principales interrogantes en torno a la nueva estrategia de cumplimiento anunciada por la entidad fiscalizadora y explican sus implicancias para los sujetos regulados.
-¿Qué significa en términos prácticos que la SMA lance una estrategia de este tipo para las normas de emisión?
De acuerdo con el objetivo de la propia estrategia, lo que busca la SMA es "Fortalecer el cumplimiento ambiental de las unidades fiscalizables calificadas como fuentes emisoras de residuos líquidos, mediante una fiscalización preventiva y eficaz, así como una respuesta oportuna ante incumplimientos".
En la práctica, esto se traduce en que la SMA destinará más recursos para robustecer la fiscalización y sanción de las normas de emisión, considerando la actualización y optimización de los sistemas de reporte existentes, la definición de criterios para determinar la respuesta ante determinadas desviaciones y el fortalecimiento de actividades asociadas a la difusión y promoción del cumplimiento normativo, entre otras actividades.
Es importante considerar que a septiembre del año 2025 las unidades fiscalizables calificadas como fuentes emisoras ascienden a 718 en total a nivel nacional, de las cuales cerca del 94% son afectas al D.S. N° 90/2000, y un 6% al D.S. N° 46/2002. De éstas, casi la mitad corresponde al sector de pesca y acuicultura, y se concentran en la región de Los Lagos, mientras que una cuarta parte pertenece a la agroindustria, y el resto lo comparten distintas industrias del sector fabril, saneamiento ambiental, energía y minería, entre otras.
Dado lo anterior, desde los sectores involucrados se deberá prestar atención a los nuevos lineamientos e instrucciones que vendrán en la materia, de tal forma de mantener sus equipos internos capacitados y plegarse al nuevo estándar de cumplimiento que se irá configurando, reduciendo así los riesgos de posibles incumplimientos y consecuencias asociadas.
-¿Qué es lo principal que contiene esta estrategia?
La Estrategia de Cumplimiento Ambiental se presenta en un documento sintético que contiene los elementos centrales que la definen. En un inicio se provee de una descripción del marco normativo, una caracterización de las unidades fiscalizables y los potenciales impactos ambientales asociados a la descarga de riles, y los modelos que implementa la SMA para la fiscalización y respuesta institucional (cartas de advertencia, amonestación, multas, etc.).
Luego, y en lo medular, se identifican cuatro objetivos específicos, a partir de los cuales se describen y organizan las distintas actividades que se incluyen en la estrategia. Estos objetivos son:
• Actualización y administración de información y sistemas informáticos relevantes para la ejecución de la estrategia.
• Asistir al sector regulado en el cumplimiento ambiental, facilitando el entendimiento de la normativa y el acceso a la información.
• Fortalecer el modelo de fiscalización que priorice la prevención oportuna de eventuales incumplimientos ambientales.
• Fortalecer la respuesta correctiva o sancionatoria oportuna ante incumplimientos.
La nueva estrategia asegurará que el 100% de los titulares de fuentes emisoras sean fiscalizados, sostiene Patricio Walker.
Digitalización y seguimiento
Los especialistas de ECOS Chile destacan también que la nueva estrategia de la SMA está construida sobre la base de herramientas digitales y procesos automatizados que permiten una fiscalización completa y prácticamente instantánea, junto con proveer de información para el desarrollo y operación de un modelo de priorización de acciones y respuesta institucional que, a su vez, permitirá a la autoridad tomar acciones de forma más oportuna y basada en criterios estandarizados.
Dado este esquema, resulta clave para la SMA que los regulados reporten la información necesaria de forma digital y que ésta sea correctamente ingresada a los sistemas, razón por la cual anuncian la redefinición de ciertos procesos, actualización de instrucciones y la creación de una nueva plataforma llamada "Sistema de Seguimiento de Residuos Líquidos" (SISREL) dirigida tanto a los regulados como a la gestión interna de la SMA.
Esta nueva plataforma se perfila como el nodo central de la estrategia impulsada por la SMA ya que permitirá facilitar la reportabilidad a los regulados, incorporar avisos automatizados para guiar en el correcto ingreso de información, realizar la verificación de cumplimiento normativo, mejorar los informes de fiscalización automatizados y generar automáticamente insumos para la adopción de las estrategias de respuesta (formulación de cargos o vías alternativas).
Para que esta estrategia tenga éxito resulta fundamental involucrar al sector regulado en estas modificaciones, por lo que la SMA incluye diversas acciones de promoción al cumplimiento, como un programa de capacitación en el uso del SISREL, actualización de la guía para presentar programas de cumplimiento, generación de manuales, entre otros, lo cual será difundido por medio de talleres tanto virtuales como presenciales.
Juan Eduardo Johnson y Patricio Walker explican que, en síntesis, lo que busca la SMA es instalar un sistema de reportabilidad, fiscalización y respuesta por medio de canales digitales y automatizados, lo cual le permitirá hacer un seguimiento permanente del universo completo de regulados a nivel nacional.
-¿Qué cambios pueden esperar los titulares sujetos a las normas de emisión en los procesos de fiscalización y sanción ambiental?
A nivel de fiscalización no se advierte un cambio sustancial ya que la SMA cuenta desde el año 2020 con la capacidad de analizar de forma automatizada los reportes de autocontrol que son cargados por los regulados en el sistema de Ventanilla Única del RETC, e informa de forma masiva a cada establecimiento el resultado de la evaluación del cumplimiento, junto con generar de forma automatizada el respectivo Informe de Fiscalización, por lo que las líneas de acción planteadas en la materia se orientan a mejorar los procesos que ya se implementan en la actualidad. Así, lo que se espera es más bien una optimización de esta forma de seguimiento y fiscalización, junto con facilitar a los regulados la carga de la información en un sistema más amigable y robusto.
En lo que se refiere a la respuesta institucional es probable que exista un cambio más importante, ya que la nueva herramienta que implementará la Superintendencia del Medio Ambiente contempla el desarrollo de un modelo de priorización de acciones que en base a criterios de riesgo e historial de cumplimiento del titular, entre otros, permitirá estandarizar o guiar las acciones a tomar, en adición a agilizar la formulación de cargos o la adopción de las acciones alternativas contempladas en la estrategia (carta de advertencia, amonestación, etc.). En este sentido, es de esperar que quienes tengan brechas de cumplimiento en materia de normas de emisión reciban una respuesta más rápida de la SMA.
Donde sí se espera un cambio importante es en la reportabilidad de la información y tramitación de solicitudes, lo cual es responsabilidad de los regulados. La SMA anunció la creación de una nueva plataforma y la actualización de instrucciones, guías y manuales, por lo que serán de suma relevancia los talleres o instancias de capacitación y difusión de información que generará la SMA. Resultará fundamental la capacitación de los equipos de reportabilidad para asegurar que los nuevos canales y requisitos de reportabilidad de la nueva estrategia sean cumplidos, evitando así generar brechas de cumplimiento por desconocimiento.
Juan Eduardo Johnson destaca que habrá un cambio importante en materia de reportabilidad de la información.
-¿Cuáles son los plazos de implementación de la estrategia?
De acuerdo con la SMA, la implementación de la estrategia abarcará un periodo de tres años (2025-2027), realizando evaluaciones periódicas para identificar oportunidades de mejora y/o complemento, según corresponda.
Este plazo debe entenderse como el necesario para ir implementando las distintas acciones de la estrategia, algunas de las cuales ya están en curso y avanzadas, más que un período donde se desplegará de forma permanente en su totalidad.
-¿Qué hito marca esta publicación?
Esta Estrategia de Fiscalización es la segunda que publica la SMA para el conocimiento de los regulados, y de cualquier interesado, siendo un avance importante en acceso a la información y transparencia desde un órgano fiscalizador.
Esto, además de novedoso, entrega una señal poderosa hacia los regulados en la línea de la promoción del cumplimiento ambiental, ya que permite la comprensión del foco institucional en materia de fiscalización de descargas de residuos industriales líquidos, estableciendo los criterios generales, así como las consecuencias esperadas ante desviaciones normativas, permitiendo anticipar y planificar la respuesta que tendrán para adaptarse al nuevo esquema que está implementando la SMA.
-¿En qué área clave deberían prepararse mejor las empresas del rubro para cumplir con esta estrategia?
Tal como se indicó, el cambio más relevante se espera a nivel de reportabilidad, ya que la SMA desarrollará una nueva plataforma (SISREL) que reemplazará a la actual, además de redefinir ciertos procesos y actualizar instrucciones, guías y manuales.
Por lo mismo, resulta clave que las empresas hagan un adecuado seguimiento de cómo la SMA va anunciando los cambios, y mantengan a sus equipos de reportabilidad capacitados.
Estos equipos no solo deberán actualizar la información cada vez que corresponda y reportar periódicamente los autocontroles, sino que deberán estar también pendientes a los reportes de cumplimiento automáticos que les remita la SMA, de tal forma de identificar rápidamente si la SMA reporta desviaciones y alertar internamente para que se tomen las acciones necesarias para corregir las desviaciones y/o hacer las gestiones que correspondan ante la SMA.
Adicionalmente, esta estrategia formaliza y refuerza la práctica existente en la SMA que ha permitido abordar determinadas desviaciones normativas en materia de residuos industriales líquidos sin iniciar un proceso sancionatorio, lo que representa una oportunidad para los titulares, por lo que estos deben estar preparados para responder en forma oportuna y eficaz ante este tipo de situaciones, permitiendo el cumplimiento a las acciones requeridas, evitando de esta forma la formulación de cargos, eventuales multas, adopción de medidas y daños reputacionales.
-Desde su perspectiva, ¿cómo contribuirá esta iniciativa a avanzar hacia una mayor sustentabilidad?
Es importante tener presente que esta estrategia no generará estándares ambientales distintos, ya que no modifica las normas de emisión que están vigentes hace más de dos décadas.
Sin perjuicio de lo anterior, lo que pretende la estrategia es fortalecer la fiscalización (y eventual respuesta institucional ante desviaciones), generando así un incentivo para mejorar los estándares ambientales en la práctica, de la mano del cumplimiento de las exigencias aplicables. Y este incentivo es bastante claro con la estrategia anunciada, puesto que asegurará que el 100% de los titulares de fuentes emisoras sean fiscalizados, promoviendo la respuesta rápida del titular ante desviaciones normativas con foco en volver al cumplimiento, más que en el inicio de procesos sancionatorios que por su extensión, muchas veces pueden retrasar la solución a la problemática ambiental generada.

