Transición energética y regulación ambiental

La transición energética chilena no es únicamente un desafío técnico y económico. Es, sobre todo, un proceso de transformación institucional que interpela al derecho ambiental y a la planificación territorial. Al 2024, un 70% de la generación eléctrica provenía de fuentes renovables, con inversiones proyectadas al 2030 de más de US$ 155.000 millones. Este potencial, basado sólo en recursos nacionales, abre oportunidades de soberanía energética y mayor estabilidad macroeconómica. Sin embargo, para que esta ventaja se traduzca en acceso, calidad y reducción de costos para hogares y empresas, es indispensable que el marco jurídico actúe como un catalizador de la transformación y no como un mero mecanismo reactivo.

Actualmente, la pérdida del 17% de la energía renovable generada por deficiencias en transmisión y almacenamiento, refleja la ausencia de una planificación territorial vinculante capaz de anticipar la localización de líneas de alta tensión, puntos de conexión y polos de desarrollo. En consecuencia, instrumentos como la evaluación ambiental estratégica –ya previstos en nuestra legislación– deben ser aplicados de manera obligatoria en la planificación energética nacional y regional, asegurando que las decisiones de emplazamiento y expansión de redes respondan a criterios técnicos, socioambientales y de eficiencia económica desde el origen.

Requerimos seguridad en la demanda, ya que hoy sólo el 22% de nuestra economía está electrificada, lo que obliga a desarrollar certezas de un sistema estable y confiable. Lo expuesto es posible a través de un modelo de asociación público-privada que garantice un sistema de concesiones de infraestructura de manera integrada y estable.

Por otra parte, la justicia ambiental, entendida como la distribución equitativa de beneficios y cargas, debe estar incorporada en la regulación tarifaria y en los criterios de acceso. El bajo costo marginal de las energías renovables, si se internaliza en el diseño normativo, puede traducirse en mayor competitividad para las empresas y en alivio económico para los hogares. La clave está en una regulación proactiva que, mediante incentivos y exigencias vinculantes, favorezca la inversión en infraestructura eficiente y la democratización del acceso a la energía.

Finalmente, el compromiso de eliminar el carbón y garantizar que el suministro eléctrico provenga en su totalidad de fuentes renovables exige un marco normativo con plazos claros, estándares verificables y mecanismos de cumplimiento efectivos. La experiencia comparada, como la alemana, demuestra que el éxito en este tipo de transformaciones radica en integrar la participación ciudadana vinculante, la planificación estratégica y la coherencia normativa en torno a objetivos de largo plazo.

Columna publicada en InduAmbiente n° 195 (julio-agosto 2025), página 42.