Tarifas para regular la gestión de los residuos y la REP

La tarifa que se cobra por la gestión de los residuos domiciliarios, al igual que las del agua potable y electricidad, pretende recuperar los costos involucrados en su gestión. Así, debiera cumplir un papel de regulación de funcionamiento, asegurando un servicio de calidad y cantidad necesaria para su óptima operación. Como no se trata de mercados perfectos, su valor no puede depender de su funcionamiento y requiere acondicionamientos especiales para asegurar un adecuado servicio, en los términos indicados.

En el caso del agua o la electricidad, cada usuario (familia o ciudadano) paga de acuerdo a lo que consume y de lo que se requiere para su obtención y limpieza. Teóricamente si el precio aumenta su consumo disminuye. Si hay una sequía o necesidad de reducir el consumo energético por razones del cambio climático, lo anterior es de gran utilidad.

Pero con la gestión de los residuos esto no ocurre así, pues la tarifa para el ciudadano es fija (en contribuciones) y el costo del transporte y disposición es acordado entre las municipalidades, representando a la población, y los transportistas y gestores de residuos en su disposición final. Con ello se bloquea, en la práctica, la posibilidad de utilizarla como una herramienta de regulación del uso del servicio por parte de cada usuario (hogar). Es así como para el agua o electricidad, si sube la tarifa, se consume menos, ya que me afecta directamente el bolsillo, pero con la basura da lo mismo y se genera la misma cantidad de residuos, independiente del valor acordado, pues no hay beneficios por generar más o menos.

La realidad para este mercado hace que por la vía precios, en una economía altamente mercantilista, se produzca la paradoja que la principal herramienta para que se genere menos basura e incentive el funcionamiento de una "economía circular", no puede ser utilizada y los precios relativos por reciclar sean mayores que los de disponer. La mayoría de los reciclables es más barato enviarlos a relleno.

Afortunadamente, este tema lo entendió buena parte de la humanidad y el principio de quien contamina paga, es decir, que cada usuario tiene que financiar el costo del tratamiento del residuo para evitar que contamine, fue aceptado a principios de los noventa, en la conferencia de Río, por la mayoría del mundo y aplicado gradualmente, salvo por nosotros.

Por esa razón, entre otras, la economía circular puede operar en los países desarrollados que aplican ese principio, pues si reciclas más y generas menos residuos tienes un fuerte incentivo de mercado. En nuestro caso, el reciclaje avanza poco. Curiosamente, en todas las encuestas que hemos aplicado la población está de acuerdo con el principio y están dispuestos a pagar más, si es necesario, ya que quisieran vivir en un país limpio. Entonces, ¿por qué seguimos esperando? ¿Qué más nos falta?

Columna publicada en InduAmbiente 179 (noviembre-diciembre 2022), página 61.