Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Los cambios posibles en medio ambiente

Eduardo Astorga
Profesor de Derecho Ambiental



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Entre lo deseable y lo posible –conforme a nuestra realidad económica, social y política–, las iniciativas ambientales que han evidenciado consensos razonables en el país apuntan al siguiente decálogo de desafíos, posibles de alcanzar en los próximos años:

1. Aumentar la dotación de la Superintendencia del Medio Ambiente, resguardándola y robusteciéndola para el cabal cumplimiento de sus roles.

2. Incorporar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) estándares internacionales, como la evaluación ambiental de alternativas y la negociación de términos de referencia.

3. Crear una Agencia Nacional del Agua, de carácter técnico y autónomo, que unifique y dirija las competencias del Estado.

4. Terminar de tramitar y poner en vigencia los proyectos de ley sobre glaciares y delitos ambientales, tal como lo ha demandado la OCDE. Y también, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado, asegurando las condiciones laborales de los funcionarios de Conaf que serán traspasados a esta entidad. Y avanzar en normas de emisión y calidad aún pendientes, en particular, en materia de aguas.

5. Fortalecer y anticipar la participación ciudadana en el SEIA y establecer espacios formales y regulados de diálogo entre los proponentes de proyectos o actividades y las comunidades locales.

6. Legislar en materia de ordenamiento territorial ambiental, definiendo los valores ambientales de los territorios, la gestión integrada de cuencas, así como los corredores biológicos de flora y fauna (dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas).

7. Proteger y recuperar suelos degradados conforme a nuestros compromisos de mitigación en materia de cambio climático, actualizando y coordinando a los organismos competentes.

8. Fortalecer los sistemas de reúso de aguas tratadas y regular la propiedad, gestión, tarifas, servidumbres y concesiones que requiera el desarrollo de la industria de la desalación del agua de mar. En este contexto, además, se debe modernizar la institucionalidad pública para planificar e investigar la biodiversidad, y regular el borde costero y marítimo.

9. Establecer al sector energético como centro para una transición justa desde lo ambiental, social y económico. Esta nueva relación con la naturaleza debe estar marcada por la descarbonización e incluir democracia participativa, responsabilidad ambiental y democratización de la generación, producción y distribución de la energía.

10. Eliminar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para terminar con la tutela de otros ministerios sobre la cartera de Medio Ambiente. Esto permitirá, por ejemplo, actualizar e implementar efectivamente la evaluación ambiental estratégica.

Columna publicada en InduAmbiente 178 (septiembre-octubre 2022), página 37.