Ley REP: transformación y responsabilidad

A comienzos de junio, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente, aprobó el decreto que fija las metas de recolección y valorización para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. En noviembre de 2024 hizo lo mismo con el de aceites y lubricantes. Ambos hitos -que tendrán un plazo de 2 años antes de iniciar el primer año de obligaciones- son un avance en el marco de la implementación de la ley REP que ya tiene en vigencia el cumplimiento de los productos prioritarios de envases y embalajes y neumáticos.

La SMA juega un rol importante en esta ley transformadora, que busca enfrentar con sentido de urgencia la crisis ambiental en nuestro país, disminuyendo la generación de residuos, fomentando la reutilización, reciclaje y otros tipos de valorización, a través, entre otros instrumentos, de la responsabilidad extendida del productor. Así, a la Superintendencia le corresponde, principalmente, fiscalizar el cumplimiento de las metas de recolección y valorización de residuos establecidos en los decretos de metas de los productos prioritarios vigentes.

Para ello se ha desarrollado una estrategia centrada tanto en el desarrollo de herramientas tecnológicas para la reportabilidad y la trazabilidad de los residuos, como en la asistencia al cumplimiento para los regulados. Asimismo, se ha puesto énfasis en la identificación de los productores de productos prioritarios que no cuentan con un sistema de gestión autorizado y que, por lo tanto, están al margen de la ley. Un mecanismo relevante para su identificación ha sido el trabajo iniciado con el Servicio Nacional de Aduanas, el que se seguirá fortaleciendo para efecto de generar los intercambios de información y coordinaciones necesarias.

Dentro de los avances a destacar, cabe señalar que, en enero de 2025, se habilitó el Sistema de Reporte de la Responsabilidad Extendida del Productor, con el fin de facilitar el mecanismo de reporte de metas y obligaciones a los regulados -en este caso, los sistemas de gestión-, como también la fiscalización de la SMA. Este hecho representó un avance para la Superintendencia para hacer más eficiente el monitoreo, trazabilidad y fiscalización de los datos.

Por otra parte, a fines de mayo de 2025 se iniciaron los dos primeros procedimientos sancionatorios por infracciones a las obligaciones impuestas por la ley REP.

Si bien ya hemos alcanzado muchos avances desde la entrada en vigencia de esta normativa, aún quedan muchos desafíos que enfrentar. Por lo pronto, seguiremos enfocados en la evaluación del cumplimiento de metas del año 2024 y la consolidación de las estrategias de fiscalización y sanción, atendidas las particularidades de esta transformadora ley.

Columna publicada en InduAmbiente n° 194 (mayo-junio 2025), página 30.