Comisión investigadora de diputados sobre apagón masivo de febrero detalla falencias y propone mejoras

Viernes 8 de agosto de 2025.- El apagón del 25 de febrero pasado "fue un evento crítico" y no fue el resultado de un hecho aislado ni tampoco una falla puntual, sino que se "originó en una acumulación de omisiones operativas, deficiencias estructurales y una cultura institucional de incumplimiento normativo".

Así lo señala el informe de conclusiones aprobado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que analizó las causas del corte de energía eléctrica masivo que afectó a toda la zona conectada por el Sistema Eléctrico Nacional, desde la región de Arica y Parinacota hasta la de Los Lagos, dejando a más del 98% de la población del país sin electricidad por un periodo de entre siete y ocho horas.

El presidente de la instancia, Jorge Brito, dijo que los hechos son de alta gravedad, por lo cual deben existir compensaciones para las y los clientes afectados. De igual manera, la comisión entregó una serie de propuestas y recomendaciones para mejorar la respuesta del sistema frente a situaciones similares.

Deficiencias

El grupo parlamentario se abocó a reunir datos sobre las actuaciones del Gobierno relacionadas con la fiscalización, coordinación, operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica, entre los años 2024 y 2025. En específico, se indagó sobre las causas y medidas tomadas por diversos organismos y empresas, en el apagón ocurrido el 25 de febrero de 2025.

El texto expone que la propagación del evento y su escalamiento hasta un blackout nacional se facilitó por las condiciones preexistentes del sistema. Por ejemplo, un número significativo de unidades generadoras se desconectaron automáticamente, a raíz de configuraciones deficientes en los sistemas de protección. Esto se produjo porque "no seguían los lineamientos de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio".

Añade que, en dichos casos, las configuraciones fueron modificadas por las empresas sin notificación o autorización previa del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

"Aquí no hubo un error del sistema, sino que todo se debió al actuar de dos operarios de la empresa Inter Chile; así como a la negligencia del Coordinador Eléctrico Nacional, que no cumplió con su rol de coordinación y vigilancia de las empresas eléctricas", indicó Brito.

Por otro lado, se evidenció un déficit de flujo de información durante el transcurso del evento. Particularmente, el Ministerio de Energía comunicó que el primer informe del CEN se remitió pasadas tres horas desde el inicio del evento.

Además, no se recibió información técnica detallada hasta el día siguiente de ocurrido el evento. Esto implicaría una vulneración del numeral 7.33 de la citada norma técnica. Ello impidió que se pudiesen tomar decisiones informadas en tiempo real.

Asimismo, quedó en evidencia una clara falta de coordinación efectiva entre los diversos actores del sistema eléctrico. A esto se suma una deficiente comunicación entre el CEN con las autoridades sectoriales.

El informe indica que el apagón tuvo consecuencias particularmente graves para las personas en condición de electrodependencia. Conforme a los antecedentes entregados, más de 10.000 personas electrodependientes debidamente registradas a nivel nacional quedaron sin acceso a energía por lapsos prolongados. En algunos casos, incluso superaron las ocho horas de interrupción.

Asimismo, advierte que este evento evidenció la fragilidad estructural de las redes de telecomunicaciones frente a eventos de interrupción eléctrica de gran escala.

El informe de conclusiones concluye también que existen deficiencias en la fiscalización. Por tal motivo, se estima imperioso que el Gobierno otorgue suma urgencia a un proyecto de ley que otorga más facultades legales a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en esta materia, dotándola de los recursos técnicos y humanos suficientes para replicar sus esfuerzos en aras de evitar fallas en el sistema. Esta iniciativa está en su segundo trámite constitucional, en el Senado.

Propuestas y recomendaciones

El trabajo de la comisión investigadora también incluye propuestas y recomendaciones para evitar la ocurrencia de episodios similares a futuro.

En líneas generales, se plantea primero la necesidad de fortalecer la fiscalización y ampliar la responsabilidad individual de los ejecutivos y representantes legales de las empresas coordinadas. En ese contexto, se propone crear un procedimiento abreviado para infracciones graves en eventos críticos, reducir plazos procesales y permitir que las sanciones alcancen no sólo las personalidades jurídicas.

Otra medida recomendada es revisar y reforzar los estándares técnicos de protección y configuración de los equipos, en especial, en el caso de las unidades generadoras.

Asimismo, se sugiere crear un Sistema Centralizado y Obligatorio de Monitoreo de Alta Resolución, de manera que el CEN pueda contar con información en tiempo real sobre el estado operativo de cada una de las instalaciones.

De igual modo, el grupo parlamentario considera necesario revisar el sistema de nominación de consejeros del CEN, tal como indicaron en su momento desde el panel de expertos y representantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. En tal plano, se insta a avanzar hacia un sistema más transparente y meritocrático, que pudiese garantizar una independencia técnica, diversidad de perfiles y estabilidad de criterios.

Además, el informe propone fortalecer los mecanismos de simulación y análisis de escenarios extremos y en materia de compensaciones. Y plantea la conveniencia de revisar y fortalecer la normativa técnica que regula el cálculo de las compensaciones a clientes por energía no suministrada, con el objetivo de reducir ambigüedades.