Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

90% de los compromisos ambientales del Gobierno presenta algún grado de avance

90% de los compromisos ambientales del Gobierno presenta algún grado de avance

De un total de 80 promesas realizadas, 8 han sido cumplidas, 64 están en proceso y 7 no registran avances, según un reporte del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica que analizó los primeros 15 meses de gestión.



Viernes 1 de septiembre de 2023.- El 90% de las promesas ambientales del actual Gobierno registra algún grado de avance, con un mayor progreso en las áreas de institucionalidad y gestión ambiental, biodiversidad, energía y cambio climático. Así lo concluye el "Reporte Compromisos y Cumplimiento de Promesas en Materia Ambiental 2022-2023", desarrollado por el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile (CAPES), en el marco del proyecto de Votaciones Ambientales.

El informe analizó los primeros 15 meses de la administración del Presidente Gabriel Boric y señala que de un total de 80 promesas realizadas, 8 pueden ser calificadas como cumplidas, 64 están en proceso de cumplimiento, 7 no presentan avances y en 1 no se encontró información.

"Si bien es posible calificar como cumplidos sólo 8 de los 80 compromisos de relevancia ambiental del Presidente Boric, durante sus primeros 15 meses de gobierno hay un alto porcentaje de promesas que están actualmente en ejecución, lo que es una muy buena noticia. Lo relevante es darle continuidad y seguimiento a estos avances, hasta su total conclusión, ya sea durante esta administración presidencial o en la siguiente", afirmó la doctora Francisca Reyes, directora del proyecto e investigadora de CAPES y del Instituto Milenio SECOS.

El ámbito que presenta mayor nivel de cumplimiento es institucionalidad y gestión ambiental, con cuatro compromisos ya completados: la urgencia en la tramitación y posterior aprobación del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que ingresó al Congreso en 2014; la creación del Comité Interministerial de Transición Socioecológica Justa y la creación de la Oficina de Transición Socioecológica Justa al interior del Ministerio del Medio Ambiente; la firma, tramitación y promulgación del Acuerdo de Escazú durante los primeros meses de la administración; y la certificación de empresas turísticas con un sello sustentable.

Le sigue biodiversidad, con dos metas chequeadas: liderar, junto a Canadá, un acuerdo para la creación de corredores marinos protegidos en todo el Océano Pacífico, lo que se inició con la creación de la "Coalición Américas por la Protección del Océano», durante la Cumbre de las Américas de 2022; y el trabajo realizado en Política Exterior Turquesa, con una serie de iniciativas internacionales para la protección de los océanos y la biodiversidad, como por ejemplo, la "Coalición de Alta Ambición", lanzada por 19 países para acabar con la contaminación por plásticos.
Los otros dos objetivos ya cumplidos pertenecen a las áreas de Energía (la tramitación expedita a la ley que regula los biocombustibles sólidos, la cual fue promulgada en octubre de 2022) y Cambio Climático (la incorporación de variables de cambio climático en la Evaluación Ambiental Estratégica de los instrumentos de planificación territorial).

"Celebramos estos logros porque en ellos hay un trabajo de gestión importante. El desafío que tiene ahora el gobierno es avanzar en los 72 compromisos restantes y para ello, creemos que se deben establecer objetivos concretos, responsables claramente identificados, e indicadores y metas que permitan medir sus avances y niveles de cumplimiento, puesto que no todos los compromisos identificados en este reporte permiten hacer ese trabajo", explicó la Dra. Reyes, también académica del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica.

Además de las respuestas de política pública que revelan el cumplimiento de los 80 compromisos de relevancia ambiental analizados en este informe, se presentan los dos nuevos compromisos que el Presidente Boric incorporó en su Cuenta Pública de 2023: un proyecto de ley para afrontar mejor los incendios forestales; y un proyecto de ley para fortalecer el sistema de financiamiento para el desarrollo y transición productiva clave, apoyando en el acceso a crédito a las Pymes de base tecnológica y duplicando el presupuesto público en I+D.

Continuidad y temas nuevos

El reporte de CAPES no sólo midió el cumplimiento de los compromisos de gobierno, sino que también analizó los objetivos que éstas persiguen.

La doctora Francisca Reyes explica: "En nuestro análisis hemos visto que tanto en los compromisos que han sido calificados como cumplidos y en aquellos que están en proceso, hay una gran diversidad de promesas que buscan concluir o dar continuidad a procesos que se iniciaron en gobiernos anteriores, lo que es muy positivo puesto que una buena política pública trasciende los cuatro años de gobierno. También vemos que se han introducido nuevos temas, que aparecen por primera vez en la agenda pública como compromiso presidencial y, por último, que también se han retomado iniciativas que en el pasado no han tenido total consenso político para llevarlas a cabo y que, por ser materias no resueltas, vuelven a la agenda política".

Entre las primeras, además de la aprobación de SBAP, que viene a completar la institucionalidad ambiental del país, o la firma del Acuerdo de Escazú que quedó pendiente desde 2020; destaca también el compromiso por la protección de los océanos; el aumento de las áreas prioritarias para la conservación, principalmente en áreas marinas y humedales; y la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, que ha avanzado a través de la elaboración de distintos reglamentos, programas y planes nacionales, regionales y comunales.

Entre los temas nuevos, en tanto, destacan la institucionalidad pública creada para avanzar en la Transición Socioecológica Justa y en la Transición Hídrica Justa, las acciones para la reparación socioambiental de las zonas de sacrificio y la conformación de la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Entre los temas que no han logrado total consenso político y que han sido retomados se encuentran el aumento de los impuestos verdes (CO2 y combustibles); la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la elaboración de una nueva Ley de Pesca y Acuicultura.

Temas pendientes

El informe identificó también aquellas iniciativas que no presentan avances, entre las que figuran: la creación de un programa de eficiencia hídrica para agua caliente sanitaria a partir del "recambio de chayas"; el aumento "gradual" del impuesto específico a los combustibles; las modificaciones de las leyes sobre Protección a los Animales y la que aplica la Convención CITES; la creación de un Fondo Soberano de Adaptación al Cambio Climático; el impulso a sistemas de reciclaje de residuos y maquinaria en la pequeña minería y el impulso a la modernización tecnológica y sustentabilidad de la pequeña y mediana minería; y la elaboración de una ley de ordenamiento territorial.

"En los 6 años que llevamos realizando este informe anualmente, hemos constatado que para que exista avance en la ejecución y concreción de los compromisos no sólo se requieren acciones de gestión, sino también una coordinación virtuosa con el Congreso para avanzar en materias que requieren de la actividad legislativa. Para el caso del gobierno del Presidente Gabriel Boric, al menos una decena de compromisos se basan en la creación o modificación de leyes. Es de esperar que esta coordinación se realice con altura de miras y poniendo el interés del país como prioridad", concluye Francisca Reyes.