Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

SEIA: Hablemos en Serio

Eduardo Astorga



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Doctor en Derecho
Profesor de Derecho Ambiental

En junio de 2019 ingresó al Congreso un nuevo proyecto de modificación del Sistema de Evaluación de impacto Ambiental (SEIA), el que incluso recibió la crítica del sector privado por ser contradictorio con el original proyecto de julio del año anterior. La percepción general fue que su texto sólo pretendía simplificar las modificaciones, viabilizándolo previo a la COP25.

Si efectivamente existe la voluntad política necesaria de modernizar el SEIA, es preciso evitar iniciativas inexpertas que no tengan a la vista experiencias comparadas de mayor desarrollo.

Así, una de las materias estructurales a resolver es el errado carácter del SEIA chileno, que se diseñó explícitamente como un procedimiento cuya resolución es política, en circunstancias que debe corresponder a una decisión eminentemente técnica. Pero esto es imposible con el actual modelo institucional del SEIA y no basta con eliminar el Comité de Ministros. Sin perjuicio que el componente ambiental sea resuelto por el Ministerio del Medio Ambiente, se requiere que la autorización final de los proyectos recaiga en otra autoridad de la Administración que incorpore el factor político siempre inexorable en una decisión multivariable. El SEIA es un instrumento que debe ser PARA la decisión y no DE decisión.

Además, es fundamental acotar los proyectos sometidos al SEIA, incluso eliminar algunas tipologías erradas, como aquellas vinculadas a la liberación de organismos genéticamente modificados (OGM), que en todas partes del mundo se somete a un análisis de riesgos (principio precautorio) y no al SEIA (principio preventivo). Así mismo, hay que eliminar otras tipologías insignificantes, como las de agua potable rural, o que deben regularse vía legislación urbanística, entre ellas los terminales de buses. Y como contrapartida incorporar graves omisiones, como la pesca industrial y las grandes plantaciones forestales.    

Al igual que todos los modelos desarrollados, la incorporación del Diagnóstico Ambiental de Alternativas constituye un eslabón indispensable para la evaluación de proyectos; en particular, en lo que se refiere a sus posibles emplazamientos y la justificación ambiental de la alternativa escogida. Sin alternativas no existe una real evaluación.

La generación de certezas por una parte y de democracia participativa por la otra, requiere regular la Participación Ciudadana Adelantada, así como instituir mecanismos de prevención, mediación y resolución de controversias. Del mismo modo, la Consulta del Convenio 169 de la OIT, desde un punto de vista estricto, trata evidentemente de un tema de Derechos Humanos, por lo que no corresponde que forme parte del SEIA.

Otra grave incertidumbre tiene su origen en el desorden territorial, que requiere indefectiblemente se definan, de una vez, los valores ambientales del territorio.

Finalmente, para agilizar el otorgamiento de los permisos se debiera consolidar un permiso ambiental integrado.

Son estos y no otros, los temas centrales que se deben ser abordar a nivel legal si se pretende modernizar efectivamente el SEIA.

Columna publicada en InduAmbiente N° 162 (enero-febrero 2020), pág. 68.