Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Sobre la Reforma al SEIA

Sebastián Videla

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Consultor Senior

Al momento de escribir esta columna no se había publicado el proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por lo cual mi información solo proviene de los comentarios, noticias y entrevistas que se han difundido por los medios de comunicación. Entregar una opinión en estas circunstancias suele ser riesgoso, pero creo necesario hacerlo por la importancia de lo que se propone.

Hay dos aspectos que se pueden analizar. En primer lugar, la ampliación de la participación ciudadana, introduciendo un proceso anticipado con duración de 18 meses, que se justificaría para corregir asimetrías de la información, donde la comunidad solo se entera hacia el final de la evaluación del contenido de los estudios. Por otra parte, se propone crear tres comisiones macrozonales que se encargarían de la calificación ambiental reemplazando los actuales órganos regionales que han recibido críticas a su funcionamiento.

Antes de comentar estas medidas, cabe reflexionar sobre el fundamento que lleva a proponer una reforma. Cabe recordar que cuando se dictó la Ley 19.300, el entonces Presidente Patricio Aylwin expuso largamente ante el Congreso las razones que llevaban a crear el SEIA, con una fundamentación acorde a esos tiempos. En ello puede encontrarse la explicación de las propuestas de cambio. Lamentablemente, para los nuevos cambios no tenemos disponible un planteamiento similar, salvo las críticas que se han hecho históricamente, como son los tiempos exageradamente largos de aprobación, la baja participación ciudadana, la cuestionable calidad técnica y los múltiples problemas de proyectos con calificación ambiental aprobada. Las reformas que apuntan a resolver estos problemas son necesarias, no obstante, cabe hacer algunas reflexiones.

Sin duda, que mejorar la participación ciudadana es un anhelo de muchas organizaciones y de las comunidades que buscan tener influencia en las decisiones. En la nueva propuesta el carácter no obligatorio de las observaciones ciudadanas queda tal cual. Por ello es esperable que, al existir un largo tiempo de participación, la comunidad no se conforme con que sus ideas queden en un documento, abriendo una incógnita no menor de qué efectos colaterales generaría la reforma.

Respecto del segundo tema, las comisiones macrozonales pueden apuntar a una positiva intención técnica de mejoramiento de la calidad de las evaluaciones ambientales, pero devalúan el proceso de regionalización tantas veces propuesto y escasamente implementado. La ausencia de profesionales calificados en comisiones regionales es grave, pero la solución más aconsejable es reforzar la profesionalización en el sistema público regional. Las comisiones macrozonales pueden ser ineficientes en un país de geografía diversa, donde incluso hay mala comunicación y distancias insoslayables entre regiones vecinas. Aumentar la participación ciudadana disminuyendo la regionalización parece operar en sentido contrario.

Las reformas son necesarias, las críticas son correctas, lo que requiere es que las propuestas sean ajustadas en beneficio del mejor desempeño ambiental en el país, evitando consecuencias no deseadas.

Columna publicada en InduAmbiente 153 (julio-agosto 2018), pág. 35.