Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

La Modernización del SEIA y los PROT

Eduardo Astorga



Astorga 155X155
Ph. D. Abogado   

Destacables son los esfuerzos por modernizar y despolitizar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que hoy se discuten en el Congreso a partir del proyecto de ley presentado por el Gobierno. A esa iniciativa es posible incorporar además la negociación de términos de referencia (TDR) entre el titular del proyecto y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como fórmula alternativa de los contenidos mínimos de las evaluaciones, la reducción del catálogo de proyectos, la flexibilización de las modificaciones para evitar nuevos e innecesarios sometimientos, el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, los seguros asociados al cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental (RCA),  entre otras herramientas replicadas de legislaciones más desarrolladas.

No obstante, para lograr la tecnificación de las RCA –punto esencial de la reforma– se debiera emplazar la decisión final de los proyectos (que siempre tendrá un componente político) en otros ministerios sectoriales o políticos, en donde la RCA sea un insumo técnico más para una decisión multivariable final. Es decir, el SEIA debería ser un instrumento PARA la decisión y no DE decisión.

Otra opción es recurrir a la Ley Nº 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional, la cual permite definir con mayor prolijidad los usos del territorio a través de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT). Estos instrumentos orientan la utilización del espacio en una región determinada para lograr su desarrollo sustentable por medio de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio. También son capaces de establecer con carácter vinculante, las condiciones para localizar sitios para el tratamiento y disposición final de los distintos tipos de residuos, como también para emplazar las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con identificar las áreas preferentes para su ubicación. El incumplimiento de esas condiciones provoca la caducidad de las autorizaciones respectivas, sin perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. Un PROT reconoce, además, las áreas que se han puesto bajo protección oficial, de acuerdo a la legislación respectiva.

Se trata de un instrumento de cumplimiento obligatorio para los ministerios y servicios públicos que operen en la región y no podrá regular materias que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda del territorio regional ni áreas que estén sometidas a planificación urbana.

La elaboración de un plan regional de ordenamiento territorial se inicia con un diagnóstico de las características, tendencias, restricciones y potencialidades del territorio regional.

Además, se debe someter a un procedimiento de consulta pública que comprenda la imagen objetivo de la región y los principales elementos y alternativas de estructuración del espacio regional que considere el gobierno regional, lo que evidentemente debería quedar reflejado en una Evaluación Ambiental Estratégica.

En la medida que la localización de los proyectos esté regulada, y existan certezas sobre ello, se acotarán los márgenes de discrecionalidad, así como los componentes políticos de la decisión ambiental.

Columna publicada en InduAmbiente N° 155 (noviembre-diciembre 2018), pág. 51.