Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

ONGs califican de “histórico” fallo que ordena medidas para Quintero y Puchuncaví

ONGs califican de “histórico” fallo que ordena medidas para Quintero y Puchuncaví

Terram y Greenpeace celebraron dictamen de la Suprema que establece la realización de estudios para determinar el origen de la contaminación y prioriza modificaciones al plan regulador de la zona.



Miércoles 29 de mayo de 2019.- Como “histórico” calificaron Fundación Terram y Greenpeace al fallo emitido ayer por la Corte Suprema, que acogió nueve de los 12 recursos de protección presentados por 18 organizaciones sociales y personas naturales. Lo anterior, a causa de los eventos de contaminación ocurridos los días 21 y 23 de agosto y 4 de septiembre de 2018 en las comunas de Quintero y Puchuncaví, que dejaron más de mil habitantes de dichas comunidades en estado de intoxicación.

Las acciones fueron presentadas en contra de las empresas ENAP, Enel Generación, Copec, Epoxa, GNL Quintero, Oxiquim, Gasmar, Codelco Ventanas, Cementos Bío Bío, Puerto Ventanas, Aes Gener, Asfaltos Chilenos. Asimismo, los recursos se dirigieron a las instituciones del Estado competentes y al propio Presidente Sebastián Piñera.

A los privados se les reprocha la generación de gases y compuestos químicos que habrían provocado la emergencia. En tanto, a los segundos, el incumplimiento de sus deberes, ya sea por no adoptar medidas de prevención, no ejercer sus deberes de control, entre otras.

Según el fallo de 81 páginas, las autoridades de gobierno deberán acordar “las medidas necesarias para evitar la reiteración de eventos de contaminación”, como aquellos que dieron origen a los recursos de protección.

En su editorial de hoy, Fundación Terram señala que “este fallo histórico viene a reconocer el deber del Estado de cautelar el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la salud de las personas, los cuales fueron evidentemente transgredidos por las empresas pertenecientes al Parque Industrial Ventanas (PIV) y el Estado de Chile, que desde 1954 ha destinado este territorio a un desgastante y constante sacrificio ambiental”.

Asimismo, la ONG precisa que el dictamen, “a través de 15 medidas, ordena que el Gobierno tome acciones concretas para dar una respuesta contundente a las comunidades afectadas y, con ello, da pie para que las organizaciones ciudadanas y locales fiscalicemos su cumplimiento a cabalidad, exigiendo, por ejemplo, la realización de estudios que determinen de una vez por todas la naturaleza y características precisas de los gases, elementos o compuestos producidos por todas y cada una de las fuentes presentes en la Bahía de Quintero; así también, exigiendo que las instalaciones y fuentes reduzcan sus emisiones a parámetros pertinentes que deberán ser dictados por la autoridad administrativa a la brevedad”.

Por su parte, Greepeace en su sitio web se refiere a la sentencia de la Corte Suprema como una “histórica sentencia” y “un enorme precedente jurídico en materia de responsabilidad medioambiental”.

Matías Asun, director nacional de la ONG, expresó que “el máximo tribunal del país no solo obliga a desarrollar este estudio, sino que obliga de manera perentoria al gobierno para que, en un plazo máximo de un año, implemente las medidas correctivas necesarias”.

Y añade que, “en la práctica es un reconocimiento claro de que el Estado no ha cumplido su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona, cuestión que evidenció la emergencia y por ello obliga al gobierno no solo a proteger de manera efectiva y perentoria a los vecinos de esta zona de sacrificio, sino que señala que la autoridad debe revisar las autorizaciones ambientales entregadas a las empresas instaladas en la zona y evaluar el efecto sinérgico que estas tienen sobre la salud y el medio ambiente”.

Sanitario y habitacional

Entre las disposiciones que el máximo tribunal ordenó a las autoridades, junto con la realización de estudios para establecer la naturaleza de los gases producidos por las fuentes industriales, se indican medidas en materia sanitaria.

En esa dirección, los magistrados determinaron que “la autoridad ministerial de Salud deberá adoptar las medidas pertinentes, útiles y necesarias para resguardar la salud de la población afectada por la contaminación existente (…) a la vez que la autoridad regional de Salud deberá ejecutar, con dicho objeto, las acciones que correspondan para la protección de la salud de dicha población”.

De igual modo, los magistrados indican tener conocimiento de que la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso “pretende modificar el plan regulador regional, con el fin de alterar las actividades productivas permitidas en la zona”. En ese sentido, la Corte Suprema dice que “la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Quinta Región deberá abordar la modificación del Plan Regulador de Valparaíso, en relación a la zona afectada por los hechos de autos, a la brevedad, considerando dicha labor como una prioridad en sus políticas sectoriales”.