Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Nueva Constitución y medio ambiente

Eduardo Astorga



Eduardo Astorga 155x155 2020.jpg
Profesor de Derecho Ambiental

La Constitución de 1980, en su artículo 19 número 8º, nos asegura el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y señala que es deber del Estado velar por eso y tutelar la preservación de la naturaleza. Agrega que sólo la ley puede establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

Una primera consideración es que estamos hablando “del patrimonio colectivo ambiental”, es decir, de nuestra propia sobrevivencia y por tanto se trata de una garantía con una jerarquía superior a otras que sólo miran intereses patrimoniales individuales. Es un “derecho esencialmente colectivo”, pero que no está consagrado como tal en la redacción constitucional, aunque los tribunales de justicia sí lo han interpretado de esa forma.

En segundo lugar, habría que advertir que, en la actual redacción, el medio ambiente aparece como un “obstáculo al ejercicio de determinados derechos”, en circunstancia que debería ser tratado como un derecho fundamental, autónomo y desvinculado de otras garantías constitucionales relacionadas y con las que se lo confunde, como el derecho a la salud. Además, debe estar consagrado en las disposiciones generales de la nueva Constitución, “entendiendo lo basal para la vida en sociedad que resulta mantener un medio ambiente en una calidad adecuada”.

Como tercer punto, y basado en la Constitución de Pensylvania, es preciso incorporar la dimensión intergeneracional, señalando que los recursos naturales públicos “son de propiedad común de todo el pueblo, incluyendo las generaciones venideras”. Así, es necesario internalizar las consecuencias futuras de las actuales decisiones, y relevar el rol del derecho a la información y a la participación ciudadana en los términos del Acuerdo de Escazú.

Un cuarto aspecto apunta al bien jurídico protegido: como en otras constituciones latinoamericanas, se debiera incorporar el concepto de “buen vivir” que se basa en una coexistencia con un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y que garantice la sostenibilidad, lo que está vinculado al derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable.

La actual redacción, estrecha y limitada, dispone el derecho a un “medio ambiente libre de contaminación” lo que apunta solo a lo normativo e infraccional, y se debe sustituir por conceptos como medio ambiente “sano” o “sostenible”, tal como lo recogen otras constituciones e instrumentos internacionales. Además, los conceptos de “preservación y conservación” deben ser reemplazados por otro más integrador, como “resguardo o protección” de la naturaleza.

Columna publicada en InduAmbiente N° 166 (septiembre-octubre 2020), pág. 33.