Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Mercado de carbono en Chile: Mejor no inventar

Arturo Brandt



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Senior Broker Tradition Green / Consultor Economía Baja en Carbono
arturo.brandt@gmail.com

La propuesta de modificación al impuesto verde establece un importante cambio, que permitirá a los sujetos gravados cumplir con el pago de USD 5 por tonelada (ton) de dióxido de carbono (CO2) a través de bonos de carbono.

Esa es una buena noticia para los regulados (establecimientos que emitan al año más de 25.000 ton de CO2) que tendrán una alternativa más barata de cumplimiento, tal como lo muestra la experiencia internacional. Y también, para los desarrolladores de proyectos que reducen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los cuales podrán sumar un ingreso adicional por la venta de bonos de carbono.

Si se aprueba la modificación tributaria planteada, existirían unos 89 establecimientos sujetos al impuesto verde y se generaría una demanda aproximada de 39 millones de ton de CO2 anuales que, en su mayoría (32 millones de ton de CO2), provendría de la generación termoeléctrica.

Esa actividad está concentrada en cuatro empresas (AES Gener, Colbún, Engie y Enel), con lo que se conformaría un mercado con cuatro compradores mayoritarios de créditos de carbono que, claramente, no entregaría las condiciones de competencia necesarias para que los oferentes obtengan los mejores precios para sus bonos.

También podría ocurrir que los mayores demandantes de estos créditos implementen sus propios proyectos de energías renovables y, con ello, se “autocompren” bonos de carbono, lo cual restringe aún más las opciones de los desarrolladores no vinculados a los grandes generadores.

Por lo anterior, hay que tener mucho cuidado con la idea de desarrollar un estándar “chileno” para este mercado, distinto a los que ya se encuentran validados internacionalmente, como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), Verra o GS, en los que Chile ha participado exitosamente.

Esto, además, puede perjudicar financieramente a quienes apuesten por el estándar “chileno” y, luego de haber incurrido en gastos transaccionales y operacionales, no logren vender sus créditos de carbono en el mercado local y tampoco transarlos en el extranjero, ya que su aceptación a nivel internacional tomará tiempo.

Además, se espera que otras iniciativas en desarrollo, como Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, Korean ETS, el Mercado Voluntario, y el desarrollo del Artículo 6 del Acuerdo de París, lleguen a ser fuentes de demanda de créditos de carbono, de las cuales no debemos privar a nuestros proyectos de reducciones de CO2.

Existe cada vez mayor consenso mundial en que la forma más efectiva de mitigar emisiones de GEI es poniéndole precio al carbono, lo que se traduce en el uso de herramientas como los impuestos, el comercio de emisiones, o fórmulas híbridas, como la que suscribe la propuesta de modificación del impuesto verde.

Alinearnos con esas políticas crea oportunidades que podemos aprovechar, en la medida que aceptemos las reglas del juego.

Crear un estándar local no va a contribuir necesariamente a cumplir nuestra Contribución Nacional Determinada, ya que debemos sujetarnos al escrutinio internacional y eso no será fácil.

Así, parece más conveniente usar nuestros esfuerzos y capacidades para mejorar los estándares existentes, algunos con excesiva burocracia, que tratar de “reinventar la rueda”.

Columna publicada en InduAmbiente N° 166 (septiembre-octubre 2020), pág. 21.