Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Medio Ambiente en la Nueva Constitución

Eduardo Astorga



Astorga 155X155
Doctor en Derecho
Profesor de Derecho Ambiental

Chile tiene hoy la oportunidad de incluir un nuevo “contrato ambiental”, incorporándolo en forma prioritaria en la nueva Constitución, garantizando un “estado de derecho ambiental” que impida situaciones de grave desigualdad e injusticia. Baste sólo mencionar las “zonas de sacrificio” con la presencia inaceptable de comunidades humanas. (Ventanas, Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel).

Para estos efectos, además de perfeccionar la garantía constitucional del Artículo 19 N° 8, resulta fundamental incluir al medio ambiente en las bases de la institucionalidad. Esto, con la finalidad de consagrar en primer lugar el principio de “no regresión del derecho ambiental” para proteger la “casa común” y, en consecuencia, el derecho humano a la vida, materia íntimamente ligada además con el derecho a la información y la participación ciudadana.

Del mismo modo correspondería orientar la labor de la judicatura, introduciendo el criterio interpretativo de las normas con base al principio In dubio pro natura.

Un enfoque razonable e integrador de visiones sobre el objeto protegido podría darse al establecer la dimensión territorial como marco general de este derecho, reconociendo la cadena de relaciones entre poblaciones humanas y su entorno, ya que las personas somos sólo un eslabón de la misma.

Un tema medular son las necesarias limitaciones al derecho a la propiedad ante consideraciones ambientales, evitándose interpretaciones ambiguas o en sentido opuesto. Sin lugar a dudas a estas alturas del desarrollo, corresponde que un medio ambiente sano sea lo prioritario. Y no es una cuestión de ideologías sino de un tema de mínima civilidad.

Así mismo, se debe amparar el acceso de todas las personas a los bienes comunes, tal como por ejemplo el agua, otorgándole un real trato de bien nacional de uso público, al igual que el paisaje y el patrimonio natural. Al efecto, la  biodiversidad protegida no debe quedar circunscrita exclusivamente a  aquella que se encuentra en categoría de preservación.

La Constitución de 1980 establece el derecho a vivir en un “medio ambiente libre de contaminación”, lo que resulta absolutamente insuficiente ya que su alcance no es otro que garantizar el cumplimiento de la norma de emisión cuando ésta existe en la legislación chilena. Lo que correspondería, en términos de mayor amplitud, sería referirse a un “medio ambiente sano”.

En conclusión, a nivel de garantías a la vista de la legislación comparada, lo que corresponde es el reconocimiento a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que asegure la sostenibilidad y el buen vivir, declarándose de interés público la protección del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios degradados.

Columna publicada en InduAmbiente N° 161 (noviembre-diciembre 2019), pág. 37.