Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

La Mirada Empresarial

La Mirada Empresarial

Gremios piden más participación y relevar la adaptación en proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático (IA 164).



En su primer trámite constitucional en el Senado se encuentra actualmente el proyecto de Ley Marco sobre Cambio Climático, que apunta a institucionalizar y ordenar las acciones adoptadas en Chile para enfrentar este fenómeno medioambiental.

Sobre ese escenario, la iniciativa define como grandes metas ser un país carbono neutral y resiliente al clima al año 2050. Y para alcanzarlas plantea, entre otros aspectos, la obligación de desarrollar e implementar instrumentos de gestión como una Estrategia Climática de Largo Plazo, planes de mitigación y adaptación por sector productivo y por territorio, y planes estratégicos de recursos hídricos basados en cuencas.

Así, se busca establecer por ley mayores responsabilidades en la lucha contra el cambio climático, especialmente para las autoridades políticas y para los sectores empresariales. A continuación, representantes de diversos rubros productivos desmenuzan y analizan la iniciativa legal, señalando sus principales fortalezas y carencias, así como las tareas que ya están asumiendo en cada caso para contribuir a la acción climática.

Preguntas:

1.- Señale los aspectos que considere más positivos o acertados del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático que se discute en el Congreso.

2.- La iniciativa plantea el desarrollo de una Estrategia Climática de Largo Plazo y de planes de mitigación y adaptación por sector, ¿cómo ve ese desafío y qué avances al respecto destacaría?

3.- ¿Hay aspectos incluidos en el proyecto de ley con que esté en desacuerdo o que le generen inquietud?


Respuestas:


Nicolás Westenenk
Director de Medio Ambiente y Cambio Climático de Generadoras de Chile

02 - 300x300.jpg
1.- Para el sector energético y su visión a largo plazo, el cambio climático es un eje fundamental de desarrollo, considerando que la quema de combustibles fósiles ha sido la gran causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, a la vez, es en el sector eléctrico donde se han desarrollado las mayores oportunidades para la acción climática, como es el aumento de la generación en base a fuentes renovables, y donde vemos la mayor oportunidad para mitigar el cambio climático a través de la electrificación de los consumos de energía.

En ese sentido, el proyecto de ley tiene gran importancia para guiar las acciones que se deberán desarrollar en el corto, mediano y largo plazo. En términos generales, hay varios aspectos positivos a destacar. Lo más evidente y a la vez más importante es que establece un marco legal y regulatorio para abordar el cambio climático en Chile con una gobernanza intersectorial y territorial, además de crear instrumentos de gestión concretos para planificar las medidas que se requieran para alcanzar los objetivos fijados, dando una guía y certeza jurídica a la dirección de las inversiones.

En línea con lo anterior, el proyecto de ley fija la meta de Carbono Neutralidad, con una mirada al largo plazo consistente con lo indicado por la ciencia. Adicionalmente, destaca la incorporación del compromiso internacional de Chile (NDC), vinculando así la política nacional con las metas internacionales definidas por el país bajo el Acuerdo de París. Establece que se deberá realizar una Estrategia Climática de Largo Plazo y se tendrán que elaborar Planes de Mitigación y Adaptación, tanto sectoriales como territoriales, además de presupuestos de carbono sectoriales, lo que permite tener señales claras para el desarrollo y las inversiones. Contempla la creación de un Comité Asesor Científico y de un Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, dando espacio a la participación de actores relevantes y la revisión de expertos que apoyen la elaboración de los planes y presupuestos antes mencionados, lo que les da mayor robustez para su implementación. Otro elemento a destacar es la inclusión de contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro, cuya principal fuente de emisión es la quema no sustentable de leña húmeda y el uso del diésel en el transporte.

Es muy relevante también la utilización de instrumentos de compensación de gases de efecto invernadero (offsets) como complemento al sistema regulatorio, de manera de poder dar flexibilidad e incentivos a inversiones en proyectos de reducción o aumento de sumideros de carbono (CO2) y el uso de los instrumentos de mercado internacionales, como los que se establecen en el Artículo 6 del Acuerdo de París, para apoyar el cumplimiento de metas y normas. Adicionalmente, el fortalecimiento al Fondo de Protección Ambiental para promover el financiamiento climático, considerando la inclusión de acciones climáticas y la recepción de donaciones con beneficio tributario, promueve flujos financieros hacia proyectos de mitigación y adaptación.

Vinculado a esto último, en Chile se debe dar una mayor relevancia al tema de la adaptación, dado que somos un país vulnerable a los efectos del cambio climático, pero también porque es una arista compleja de abordar y cuya gestión recae principalmente en el Estado. Un aspecto positivo en ese sentido es la promoción de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas, dado que el agua es uno de los recursos de más alta vulnerabilidad en el país.

2.- Es un gran desafío, ya que es necesario integrar la mirada de largo plazo en todo el desarrollo del país, con el cambio climático como uno de los aspectos claves, no sólo a 30 años más como lo plantean las estrategias, sino que a 50, 100 años e incluso más tiempo. Hoy nos damos cuenta de las consecuencias no previstas de acciones de un desarrollo que, en su momento quizás fue necesario, pero que ahora es importante implementarlo con una visión más holística de los potenciales impactos de largo plazo.

Para el sector energético es muy positiva una Estrategia Climática de Largo Plazo. Es un sector que, por la naturaleza de sus proyectos, requiere de una visión sostenida en el tiempo para el desarrollo de nuestra matriz energética. El avance a la fecha ha sido sustancial. Como país ya elaboramos una estrategia al 2050 que se debe ir actualizando periódicamente. Y cada vez contamos con mayor y mejor información respecto a las oportunidades del sector y entendemos mejor que el camino progresivo hacia una economía baja en emisiones no sólo es posible, sino que costo eficiente (rentable) para el país, incluyendo los beneficios sociales. Esto ha sido fuertemente liderado por el sector eléctrico. Cada vez ingresan más proyectos de energías renovables a evaluación, se construye la infraestructura para desarrollarlos y hacemos más eficiente el consumo de energía. Cabe destacar el tremendo rol que jugará la electricidad en la descarbonización del uso energético a través de la electromovilidad, la electrificación de procesos industriales y de manufactura, y la calefacción de los hogares, reemplazando combustibles contaminantes que aún usamos en abundancia.

Además, se puede resaltar que el sector energía ya cuenta con un Plan de Mitigación y se está elaborando otro para la Adaptación, proceso en el que el Ministerio de Energía ha mostrado una proactividad loable siempre con una participación activa de la sociedad civil y el sector privado. Sería muy positivo que, en el desarrollo de estas estrategias y planes, se consideren las condiciones habilitantes para las medidas que se establezcan, para lo cual es crucial contar con el apoyo del sector privado en su co-diseño.

3.- El proyecto de ley podría considerar más instrumentos de gestión asociados a políticas económicas o regulatorias. Existe un correcto énfasis en el desarrollo de planes, pero creemos que es poco en términos de regulaciones concretas que puedan aportar a la reducción de emisiones y la resiliencia en la infraestructura del país. La revisión de la política de precio al carbono como instrumento económico debiese tener un rol central. Así se pueden poner los incentivos correctos en las tecnologías limpias, mientras las más contaminantes se hacen menos costo-eficientes, dando al sector privado la señal para invertir adecuadamente en activos que son más sustentables y menos riesgosos en el largo plazo.

El rol del sector privado es crucial para lograr la carbono neutralidad, por lo que es imperativo que se trabaje de la mano con éste para poder encontrar las alternativas más costo-eficientes para reducir las emisiones a la mayor velocidad posible. Un ejemplo es el acuerdo que se logró entre el Gobierno y las empresas generadoras de no construir más centrales termoeléctricas a carbón y elaborar un plan para su retiro paulatino de la matriz eléctrica. Se debieran buscar más acuerdos público-privados en función de logros similares en otros sectores. En concreto, creemos que se debe considerar la participación activa y el co-diseño de los instrumentos y regulaciones en conjunto con el sector privado y el mundo científico. No basta solamente con los procesos de consulta pública posteriores a su elaboración.

El rol de la adaptación también se debe fortalecer en el proyecto de ley. Es fundamental que se le dé prioridad en la agenda de acción climática y se puedan generar metas e indicadores que permitan dar seguimiento a los avances en los distintos sectores.


Carlos Gajardo
Gerente de Medio Ambiente de la Sociedad Nacional de Minería

04 - 300x300.jpg

1.- Dentro de los aspectos positivos está, en primer lugar, el hecho de posicionar la discusión sobre una institucionalidad climática para el país en el debate público. El proyecto impulsado por el gobierno ha movilizado en gran parte al sector privado para revisar los respectivos procesos productivos y reflexionar sobre el empleo de alternativas más amigables con el medio ambiente.

Asimismo, contiene una serie de instrumentos de gestión de cambio climático que, si son abordados adecuadamente, pueden ser efectivos para administrar mejor los efectos que este fenómeno genera. En tal sentido, destaca la relevancia de los planes de adaptación, en razón de las reconocidas características de vulnerabilidad del país. No obstante, cabe hacer notar que establecer planes con acciones específicas y con responsabilidades bien definidas, puede ser un aspecto especialmente sensible para la administración de los efectos del cambio climático que experimentemos en los próximos años.

2.- Para la minería, el cambio climático ha sido una preocupación importante en los últimos años. Los fenómenos climáticos extremos, los límites en el uso del agua debido a la sequía, entre otros, han conformado un contexto ya reconocido para la implementación de los proyectos mineros en sus distintas etapas.

Algunos proyectos han relevado aspectos de diseño para minimizar los daños que puedan ocasionar posibles aluviones, como consecuencia de lluvias extremas en el norte.

Por otro lado, un aspecto desarrollado con fuerza en los últimos años tiene que ver con la disminución de agua fresca en los procesos. En esta materia, se ha optado por la recirculación del agua de procesos y el desarrollo de proyectos de desalación de agua de mar.

Con el fin de reducir las emisiones provenientes del uso de equipos y maquinaria pesada, algunas empresas han invertido fuertemente en tecnología eléctrica o híbrida, reduciendo los consumos de combustible fósil. Sin embargo, se debe reconocer que la realidad minera nacional es sumamente disímil, y solo algunos actores pueden realizar estos esfuerzos por ahora.

Asimismo, el sector minero se encuentra explorando otras medidas y acciones, y participando en actividades e instancias institucionales para aportar con su mirada a la generación de políticas públicas en esta materia, dentro de las cuales destacan la implementación de la Ley REP, el desarrollo y la participación en foros relacionados con la minería verde y el uso de hidrógeno como combustible.

3.- El proyecto de ley otorga un marco general para la institucionalidad climática nacional. En tal sentido, es importante considerar que, para su correcta implementación, la iniciativa requerirá desarrollar los instrumentos de gestión de cambio climático.

No obstante, hubiese sido deseable que recogiera el componente adaptación con mayor preponderancia. Cabe hacer presente que el proyecto contiene una meta de mitigación ambiciosa, alineada con metas de descarbonización de países desarrollados, mientras que la adaptación queda relegada solo al Título II relativo a "Instrumentos de gestión del cambio climático", en circunstancias que se trata de un componente de extrema relevancia para el país.

Por otro lado, atendiendo al principio de transversalidad establecido en la misma iniciativa, se podría otorgar un rol más activo al sector privado en la elaboración de instrumentos de gestión, ya que ha participado activamente en el anteproyecto de la Ley Marco de Cambio Climático, en el debate de la actualización de la NDC y durante la preparación de nuestro país para la presidencia de la COP25. En definitiva, se ha demostrado interés en realizar cambios desde el desarrollo mismo de la actividad productiva. Sin embargo, la participación del sector privado queda reducida al Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, actual Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente, representado solo por dos miembros del empresariado.

Finalmente, otro tema observado con preocupación dice relación con el financiamiento. Este aspecto es crucial para la implementación exitosa de esta ley y, en consideración a las circunstancias que rigen actualmente, no deja de ser un tema inquietante.


Rodrigo Zamora
Encargado de Sustentabilidad de la Sociedad Nacional de Pesca

06 - 300x300.jpg
Monserrat Jamett

Jefe de Sustentabilidad de la Asociación de Industriales Pesqueros

05 - 300x300.jpg
1.- Chile no representa un porcentaje importante de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, por lo que nos parece relevante que se avance en la institucionalidad de esta materia.

Para el sector pesca y acuicultura, la información disponible señala que los principales riesgos del cambio climático tienen que ver con la reducción de productividad, la disminución de semillas de moluscos, las alteraciones en la biomasa de las poblaciones marinas, la pérdida de infraestructura pesquera y acuícola debido a eventos climáticos, entre otros. Actualmente, existe una carencia de estudios que permitan identificar con precisión estos efectos, por lo que es indispensable que nuestra gobernanza esté preparada para enfrentar el cambio climático, y facilite la articulación de la institucionalidad del Estado para desarrollar acciones concretas que permitan al sector productivo contar con mayores certezas sobre los impactos que pudiese tener este fenómeno.

Como industria pesquera nos parece positivo que se generen políticas de largo plazo y se elaboren instrumentos que orienten la acción del Estado y de los privados, para poder mitigar y adaptarse al cambio climático. Además, es importante la incorporación de un Comité Científico Asesor para el Cambio Climático, ya que permitirá que los instrumentos de gestión se realicen con la mejor información científica disponible.

Un ejemplo es el trabajo del proyecto "Sistema de información interoperable de datos sobre pesca, acuicultura y cambio climático" que ejecuta el Instituto de Fomento Pesquero y que busca integrar información científica para determinar los impactos locales del cambio climático (CC) en la infraestructura costera, actividades económicas y áreas costeras en general. Esta información, ambiental, biológica, pesquera y social debería mejorar los planes y acciones de adaptación, especialmente asociados a las actividades e inversiones en borde costero, la necesaria participación de las comunidades en las acciones de adaptación y en la revisión de las leyes y políticas que rigen a la pesca y acuicultura.

2.- A pesar de no ser un sector que aporte significativamente en emisiones de gases de efecto invernadero, la industria pesquera ha avanzado en diferentes iniciativas para poder mitigar el CC.
Sonapesca se ha propuesto "desarrollar una industria pesquera sostenible y responsable". Los gremios y empresas asociadas han desarrollado diversas acciones que buscan mantener un equilibrio entre los procesos productivos y el cuidado del medio ambiente, que nos han permitido estar mejor preparados ante los efectos del cambio climático. Para nuestro sector, esos efectos serán menores si los recursos pesqueros se encuentran en una condición saludable y fortalecida. Una iniciativa relevante del gremio guarda relación con impulsar nuestras pesquerías hacia el nivel objetivo de manejo sustentable, conocido como el Rendimiento Máximo Sostenible, y para ello desde 2015 se trabaja en el programa de certificación de pesquerías bajo diferentes estándares de sostenibilidad. El principal y más reconocido internacionalmente es el Marine Stewardship Council que es considerado un indicador oficial de la biodiversidad. Esta certificación verifica el cumplimiento de múltiples indicadores asociados a 3 principios fundamentales: poblaciones sostenibles, minimización de impactos al medio ambiente y otras especies, y la correcta gobernanza de la pesquería. En Chile actualmente contamos con 8 pesquerías industriales certificadas según este programa (jurel, camarón nailon, langostinos amarillo y colorado de las zonas centro norte y sur, merluza austral y Krill antártico).

Asimismo, destaca el programa de certificación Marin Trust de suministro responsable de ingredientes marinos, que respalda las operaciones de pesca sobre pequeños pelágicos (anchoveta, sardinas) y certifica que el 100% de los establecimientos productores de harina y aceite de pescado pertenecientes a los gremios asociados, se abastecen de pesquerías sustentables y bien administradas.

Entre otras iniciativas resaltan diferentes mejoras en las tecnologías pesqueras (artes de pesca más livianos con menor resistencia al remolque lo que permite ahorrar en el uso de combustibles fósiles y reducir la huella de carbono), y la implementación de Acuerdos de Producción Limpia (APL) en nuestras plantas de proceso y en la flota pesquera. Los APL han sido reconocidos internacionalmente y en 2012 se transformaron en el primer instrumento de política reconocido como Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación. Chile fue el primer país en lograr que uno de sus programas públicos fuera reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como una medida de mitigación al cambio climático. La industria pesquera ha participado en 8 APLs durante la última década que han permitido implementar medidas y tecnologías para mejorar la eficiencia productiva, energética, hídrica y manejo de residuos, entre otros.

En años recientes, la industria pesquera ha realizado las primeras mediciones de huella de carbono organizacional, que representa una excelente herramienta para realizar planes de gestión y reducir los impactos medioambientales. Hemos determinado la huella de carbono de diferentes productos como el congelado de jurel y el congelado de merluza, productos alimenticios que se sitúan muy por debajo de proteínas como la carne, el pollo y el salmón.

Es un desafío país poder trabajar en la mitigación y en la adaptación de los sectores más vulnerables a los efectos del cambio climático. En ese sentido, esperamos que la Estrategia Climática de Largo Plazo y los planes de adaptación y mitigación sean instrumentos de gestión que permitan un trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

3.- Chile no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, pero cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático. En ese sentido, nos parece preocupante que el proyecto de ley dé mayor relevancia a la mitigación de emisiones, poniendo como uno de objetivos principales la carbono neutralidad al 2050, pero no establezca objetivos claros para la adaptación. En este contexto, cobra relevancia el artículo 5 letra b) que se refiere a elaborar e implementar planes de adaptación.

Así, las medidas de adaptación que se apliquen dependerán de planes sectoriales que se elaborarían en un plazo de 2 años, luego de la aprobación de la ley, lo que no responde a la urgencia de algunas zonas de nuestro país fuertemente afectadas por el cambio climático.

Por otro lado, no hay mayor claridad del camino que se seguirá para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. En ese sentido, se sugiere que se pase por una instancia de evaluación y gradualidad, con metas intermedias, por ejemplo, cada 5 años, lo que permitirá ir tomando decisiones sobre cómo seguir avanzando hacia esta meta.

Para cumplir los compromisos internacionales, el énfasis de la mitigación de emisiones debe estar en los sectores más críticos como son energía, minería, metal (,?) químico, transporte y agro/forestal (uso de suelo). En otros sectores productivos, como la pesca y la acuicultura, el enfoque debe estar en poner en marcha los planes de adaptación, que en el caso de la pesca debe actualizarse en 2020.


Juan José Ugarte
Presidente de la Corporación de la Madera

07 - 300x300.jpg
1.- Generar una institucionalidad que promueva acciones y estrategias para enfrentar el desafío del cambio climático, y que Chile alcance la meta de ser un país carbono neutral, son parte de las innovaciones más importantes y necesarias que se ha planteado nuestro país en las últimas décadas y es algo que compromete a todos. Como sector forestal tenemos la convicción de que es necesario impulsar y generar un marco legislativo y normativo que favorezca y promueva acciones que nos permitan ser un país sustentable con prácticas amistosas con el medio ambiente.

En este sentido, uno de los puntos más relevantes, es que se establece una meta de mitigación nacional que busca alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, nos parece muy importante que clarifique la forma en que se financiará, indicando que habrá una definición de un presupuesto nacional de emisiones de efecto invernadero al año 2030 y 2050, y de los presupuestos de emisión para cada uno de los sectores que establece la ley.

Otro elemento importante es la modificación del Fondo de Protección Ambiental, que busca ampliar su ámbito de aplicación para financiar proyectos locales, lo que puede ser un instrumento muy valioso para apoyar iniciativas de agua potable rural, manejo de microcuencas, recuperación de suelos y otros que llevan adelante vecinos en comunidades rurales y que requieren financiamiento para su estabilidad en el tiempo.

En esa línea, sería conveniente crear un banco de proyectos financiables que tengan un impacto significativo en la reducción de emisiones o en la captura de carbono, y que puedan ser realizados como compensación dentro de las obligaciones impuestas por los proyectos aprobados en el SEIA.

2.- El sector forestal por definición mira el largo plazo porque los árboles demoran varios años en crecer y desarrollarse. Hay un avance importante en definir estrategias sectoriales, pero echamos de menos la participación del sector privado. El desafío del cambio climático es de todos, y tenemos que enfrentarlo tanto desde una perspectiva estatal como privada, pues finalmente ambos serán los encargados de implementar las acciones de reducción o mitigación en sus distintos ámbitos ya sea pequeña, mediana o gran empresa. Parte del sector privado viene desde hace tiempo aportando a enfrentar el cambio climático, y en eso nuestro rubro destaca enormemente a través de su capacidad de absorción de CO2, avanzando así firmemente a la carbono neutralidad.

3.- El sector forestal es responsable de capturar el 60% de las emisiones totales del país, pero no se hace referencia a este aspecto en el proyecto. Chile tiene potencial forestal y sus bosques siguen creciendo y limpiando el planeta. Es por eso que creemos necesario incluir mecanismos o incentivos que permitan recuperar el bosque nativo degradado, que corresponde a millones de hectáreas erosionadas, a través de políticas que atraigan el interés de cientos de pequeños y medianos propietarios. Ellos se podrían sumar al desafío de la carbono neutralidad, forestando sus predios y manejando los bosques durante la próxima década, aportando así, a través del ciclo forestal, a la captura y retención de millones de toneladas de gases de efecto invernadero.

El articulado tampoco define una metodología clara de medición de la meta de carbono neutralidad. No define si la meta es absoluta, acumulada en ciertos años o promediada en ciertos años, por lo que creemos que debe existir un mejor detalle al respecto.

El proyecto de ley establece un Sistema de Certificación de Gases de Efecto Invernadero, el cual ya existe y lo aplican grandes empresas en proyectos de reducción de emisiones, tales como los Mecanismos de Desarrollo Limpio y el Verified Carbon Standard.

Por otro lado, es importante reforzar la trayectoria que el país se propondrá para alcanzar la meta al 2050, y cómo ésta se repartirá entre los diversos sectores, aplicando por ejemplo criterios de eficiencia, equidad histórica, efectividad, etc.

Además, si bien el proyecto busca la coordinación, en el articulado no se refleja en específico a cada plan sectorial. Respecto a la biodiversidad, solo se menciona al Ministerio de Medio Ambiente, y no al de Agricultura, a través del cual la Conaf realiza esta labor actualmente.

Por último, la nueva legislación también crea un Sistema Nacional de Inventarios de GEI de Chile, el cual ya existe como tal, por lo que no queda claro si éste es un nuevo sistema o se modificará el actual. Es recomendable continuar con la institucionalidad existente, mejorando la capacidad, financiamiento, y coordinación de manera eficaz con los distintos ministerios.


Marina Hermosilla
Directora Ejecutiva de Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG-Chile

09 - 300x300.jpg
1.- Consideramos que la inclusión de la meta de alcanzar la carbono-neutralidad al 2050 es un aporte sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico; y tratándose de un factor que incide en todos los sectores productivos de la economía nacional, otorga la posibilidad de adoptar políticas e instrumentos con una mirada de largo plazo, potenciando a la vez la inversión y el desarrollo sostenible del país.

Contar con una meta que involucra a todos los sectores productivos del país, con un horizonte de 30 años plazo, es un elemento positivo para la inversión en la medida que reduce la incertidumbre y se establecen reglas del juego claras.

Asimismo, expresar la meta reducción de emisiones como un "presupuesto de carbono" permite alinear esos objetivos con la contabilidad de los diferentes actores económicos. Un presupuesto de carbono del país permite asignar un presupuesto sectorial anual de carbono. Este lenguaje está alineado con el financiero, y permite incorporarlo más fácilmente en los informes de indicadores financieros de los actores económicos con obligaciones de reducción.

Adicionalmente, los presupuestos de carbono están alineados con los conceptos de ciclo de vida y de huella de carbono, ambos utilizados ampliamente como instrumentos de gestión ambiental y climática.
Otro aspecto relevante es la creación de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos basados en Cuencas, en vez de divisiones administrativas como ocurre actualmente, lo que nos va a permitir avanzar en un manejo razonable y racional del uso del recurso agua.

2.- Las empresas que pertenecen a Líderes Empresariales por la Acción Climática son grandes, muchas con operaciones en varios países, y ya han instalado la discusión al interior de sus compañías, de manera que han ido incorporando la acción climática en sus estrategias de negocios. Pero esa no es la realidad de todas las empresas, especialmente de las medianas y pequeñas.

El año pasado la CPC realizó un trabajo, en conjunto con la consultora EY, en el que invitaron a los sectores a incorporarse en la discusión de acción climática, en un proceso que tuvo como objetivo establecer las condiciones en que se encuentran y cómo se visualizan al 2050, definiendo las condiciones habilitantes para llegar allí. El proceso culminó en marzo de este año con la entrega del documento "Visión y acción climática del mundo empresarial para Chile". Si bien fue un ejercicio inicial, creo que permitió instalar el tema más ampliamente en el sector privado. Ahora que empieza el proceso de elaboración de la Estrategia Climática de Largo Plazo será la oportunidad de ahondar en esto de manera transversal.

3.- Si bien la creación del Comité Científico es un avance para definir políticas y estrategias basadas en la ciencia, consideramos que éste será poco efectivo ya que sólo considera asesoramiento en asuntos científicos, obviando los aspectos económicos y financieros en las políticas de acción climática, y además sus miembros participarán ad-honorem.

Nos parece necesario que exista un organismo técnico independiente, con competencias en materia científica y económica, que realice seguimiento de los efectos físicos, tales como los del presupuesto de carbono y el aumento de la resiliencia, en los diferentes sectores de la economía; pero también de los impactos económicos de las medidas implementadas. Así sería posible conocer de forma temprana si las políticas e instrumentos que los diferentes gobiernos implementen, efectivamente están apuntando a cumplir el objetivo de largo plazo, permitiendo tomar las decisiones adecuadas para corregir, mantener o profundizar las medidas implementadas.

Este organismo debiera tener independencia del gobierno de turno y sus informes deberían ser periódicos y públicos.

Otro aspecto que nos parece necesario mejorar es la participación ciudadana en los diferentes instrumentos. Los plazos de consulta de 30 días establecidos en el proyecto para los planes sectoriales de mitigación y de adaptación, la NDC, y de 60 días para la Estrategia Climática de Largo Plazo, son absolutamente insuficientes para que las personas se interioricen de las iniciativas y opinen sobre ellas.

También nos parece que sería bueno incorporar un Fondo de Acción Climática como instrumento de recaudación ya que nuestra Constitución Política no permite destinar la recaudación de impuestos para fines particulares. Su administración se podría entregar a un organismo público-privado independiente, creado para estos efectos.

Artículo publicado en InduAmbiente N° 164 (mayo-junio 2020), páginas 14 a 20.