Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Instrumentos para forestar y recuperar tierras degradadas

Eduardo Astorga



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Profesor de Derecho Ambiental

En el marco de la COP25, Chile se comprometió al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, así como a forestar otras 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies originarias. Sin embargo, esto no coincide con la falta de una política pública y de financiamiento asegurado a largo plazo para promover la recuperación de las tierras degradadas, lo cual depende de la forestación, a lo que se suma la carencia de información pública sobre los instrumentos de fomento forestal y su aporte a la rehabilitación de los suelos.

En esta materia, los instrumentos disponibles en Chile fueron creados en forma separada y para ser aplicados sectorialmente, sin mecanismos de coordinación entre sí y con otros instrumentos de política pública. Además, su objetivo esencial fue incrementar la producción agrícola o forestal, lo que ha favorecido a los grandes propietarios, sin mayor énfasis en la conservación y preservación de recursos vegetacionales nativos.

En esencia, hablamos de la Ley 20.412 que establece el Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad de los Suelos Agropecuarios administrado por el INDAP; la Ley 18.910 Orgánica de INDAP, modificada por la Ley 19.213; el Decreto Ley 701; la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; y la Ley 18.450 sobre Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje.

Las consideraciones ambientales de estas regulaciones son desconocidas, ya que los concursos han dado preferencia a criterios económicos de producción forestal y agropecuaria. Asimismo, han existido barreras cuantitativas y cualitativas para los instrumentos de fomento forestal ya que los presupuestos anuales asignados son limitados, afectando en especial a los pequeños propietarios.

Reponer las bonificaciones para especies nativas, tomando los resguardos sociales y ambientales que hoy la sociedad exige, puede ser muy efectivo para cumplir con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales y con los compromisos internacionales de Chile en la materia. Esto, porque los montos de bonificación por hectárea de la Ley de Bosque Nativo han conducido a focalizar el instrumento en ciertas especies, quedando otras amplias superficies con una cobertura muy baja, como los bosques de preservación y aquellos orientados a productos no madereros.

Requerimos instrumentos que superen el enfoque sectorial y tengan una mirada territorial que articule las herramientas para forestar y recuperar tierras degradadas. Al mismo tiempo, es necesario empezar a considerar los servicios ecosistémicos del bosque nativo.

Columna publicada en InduAmbiente N° 164 (mayo-junio 2020), pág. 53.