Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Estallido Social y Protección de la Naturaleza

Hernán Durán



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Gerente General de Gescam

En realidad, son demasiadas las variables políticas que están en juego como para atreverse a proponer lineamientos acerca de todos los factores involucrados. Por cierto, la crisis es política y se supone que la nueva Constitución –si es que es que se aprueba la opción de desarrollarla– dará la posibilidad de que se incorpore el derecho a preservar a la naturaleza y permita la acción productiva del Estado. Indirectamente es una fuerte demanda de la población, por lo que veremos enseguida.

Por señalar un ejemplo. Si observamos nada más que el factor sequía y el cambio climático global, es evidente que la falta de agua es un elemento que deteriora la naturaleza y la producción agrícola, generando un impacto social que más temprano que tarde puede provocar un nuevo estallido social o prologar el actual, con lo que nuestra vida cotidiana se nos complicaría mucho más: si hay poca agua, inversamente los bienes agrícolas subirán de precio puesto que habrá pocos y las inequidades sociales serán aún más duras.

Por ahora no se vislumbran más alternativas para tener más agua que desalinizar la que proviene del mar. Eso supone inversiones elevadas en máquinas para la osmosis inversa y una cantidad apreciable de ductos para transportar el agua hasta los lugares dónde se requiera. Por ahora eso lo realizan los privados para la minería, especialmente al norte del país. Pero se podría habilitar oferta de agua para la agricultura y la población, no solo en el norte, sino también en algunos lugares del centro y sur, como la cuenca del Mataquito o el Maipo, por ejemplo.

El beneficio privado de un negocio como ése, no es fácil de conseguir para un privado, por lo que la población y los agricultores seguirán postergados. El estado debe retomar las iniciativas productivas y así como antes lo hizo con el agua potable, energía, canalizaciones, ahora es el momento para que comience la obras que se necesiten. Que mañana lo gestione un privado, quizás sea la mejor opción; pero no podemos pedirle que asuma el riesgo inicial. Sin embargo, no se puede postergar esta necesidad. La nueva Constitución tiene que preocuparse de proteger la naturaleza y terminar con el rol subsidiario.

Columna publicada en InduAmbiente N° 162 (enero-febrero 2020), pág. 85.