Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

El derrotero para una mejora del SEIA

Cristóbal Fernández




Columnista - Cristobal Fernandez 155x155.jpg
Abogado, Magister en Derecho Ambiental
Gerente Área Legal y Gestión de Permisos, Orbe Consultores


En junio de 2019, el Presidente envió a la Cámara un nuevo proyecto de Ley de Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la Institucionalidad Ambiental, el cual se haría cargo de las observaciones recibidas respecto de una iniciativa presentada en 2018, relacionadas con el reclamo por falta de participación ciudadana, la supeditación de la evaluación técnica ambiental respecto de la política, y la reducción de la prolongada tramitación y recursividad de los proyectos, alcanzando decisiones definitivas con mayor anticipación.

Para ello el nuevo proyecto pretende ampliar y mejorar la participación ciudadana; descentralizar la toma de decisiones, fortaleciendo el poder de las regiones y disminuyendo los plazos de revisiones recursivas; y permitir un acceso más equitativo y eficiente a la justicia ambiental.

En relación al primer punto, parece relevante la propuesta de ampliar la participación a todos los procesos del SEIA. En el caso de las DIA bastaría que lo pida un grupo de personas o algunas organizaciones con personalidad jurídica, prescindiendo de la existencia o no de cargas ambientales, como ocurre hoy, y que tantas sorpresas ha dado en la Corte Suprema, superando los límites taxativos de la ley. Sin duda, eso facilitará a la ciudadanía el conocimiento de los proyectos, de sus impactos y la posibilidad de reclamar por cambios o el rechazo de los mismos.

También permitirá a los titulares dialogar con la ciudadanía del área de influencia del proyecto, en función de su perfeccionamiento. Asimismo, es consecuente con lo anterior, la obligación del Servicio de Evaluación Ambiental de informar y apoyar a las comunidades con programas y cursos gratuitos al respecto.

En materia de descentralización, el proyecto abandona las Macro Zonas que contenía la criticada propuesta de 2018. Además, mantiene la eliminación de la reclamación administrativa al nivel central, dejando en las regiones la decisión final antes de pasar a la revisión judicial, lo que puede significar una recarga adicional para los Tribunales Ambientales que ya presentan dilaciones en su trabajo.

En cuanto a ingreso al SEIA, el documento hace importantes aclaraciones para los proyectos inmobiliarios, caminos públicos en áreas protegidas, y recursos hidrobiológicos, entre otros, e incluye actividades como las desaladoras, que no fueron originalmente previstas. No obstante, elude abordar el necesario mejoramiento de la causal asociada a proyectos en áreas protegidas, que día a día revela más imprecisiones finalmente resueltas judicialmente por la Corte Suprema.

Es deseable que el proyecto avance. El país requiere pronto un fortalecido y aclarado SEIA para mejorar la atención de los temas ciudadanos y la seguridad en el tratamiento de los temas técnicos y administrativos, potenciando mejores evaluaciones en plazos razonables, sea para su aprobación o rechazo.

Columna publicada en InduAmbiente N° 166 (septiembre-octubre 2020), pág. 43.