Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

 La Reforma a Fondo

La Reforma a Fondo

Hernán Brücher, Director del SEA, detalla cambios propuestos al SEIA.



Establecer la participación ciudadana previa obligatoria para los proyectos que se presenten a través de estudios de impacto ambiental (EIA), crear Comisiones Macrozonales para evaluar los proyectos, eliminar el Comité de Ministros como instancia para resolver reclamaciones en torno a las resoluciones de calificación ambiental (RCA).

Esos son algunos de los importantes cambios que plantea el proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que el Gobierno ingresó al Congreso el pasado 31 de julio.    

Una iniciativa que “lo primero que busca es fortalecer este instrumento para proteger el medio ambiente. Lo segundo es dar más certezas a todos los involucrados dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que incluye a las comunidades, a los proponentes de proyectos y también a los evaluadores que son los distintos órganos con competencia ambiental. Todos estos actores coinciden en que es necesario hacer algunos ajustes al SEIA”.

Así lo asegura Hernán Brücher, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien al mismo tiempo destaca: “Este proyecto tiene una componente muy fuerte de descentralización en el sentido que empodera a las regiones a través de las macrozonas, manteniendo la operación de las oficinas regionales del SEA porque la mirada local es importante. Además, plantea una transición hacia una despolitización en la evaluación de proyectos y un fortalecimiento de la participación ciudadana, asegurando que las comunidades puedan dar una mirada previa a los proyectos que se emplazarán en su entorno e influir en su etapa de diseño”.

Más Participación

-Hay quienes señalan que esta reforma apunta en gran medida a facilitar y acelerar la tramitación ambiental de los proyectos de inversión, que es una inquietud recurrente asociada principalmente al mundo empresarial, ¿cómo se puede asegurar que se garantizará la protección del medio ambiente, que es la principal función del SEIA?

“Esta reforma no tiene un enfoque pro-empresa. Acá lo principal es entregar certezas y mejorar la participación ciudadana. Eso se conjuga con procedimientos más claros y limitando la componente política que subsiste dentro de la Ley 19.300, lo que implica un cambio histórico en relación a las distintas modificaciones que se han hecho. Un claro ejemplo en este sentido es la propuesta de creación de Comisiones Macrozonales para calificar los proyectos, parte de cuyos integrantes van a ser designados por el Sistema de Alta Dirección Pública”.

-Una de las principales propuestas de este proyecto de ley es la introducción de la participación ciudadana anticipada de manera obligatoria para los EIA y voluntaria para las declaraciones de impacto ambiental (DIA). ¿Cómo se desarrollarían estos procesos?

“Básicamente van a obedecer a ciertos principios como la buena fe entre los participantes, y la representatividad efectiva de las comunidades y actores locales. Además, el proyecto de ley propone que algunos servicios públicos con competencia ambiental y experiencia en materia de participación ciudadana, actúen como entes facilitadores de estos procesos, sin perjuicio de que las comunidades también puedan solicitar la intervención de otros órganos. Entre estos servicios están el SEA y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, en especial este último que tiene gran experiencia en el trabajo con comunidades”.  

Lea este artículo completo en InduAmbiente 153 (julio-agosto 2018), páginas 42 a 46.