Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Covid-19 y cambio climático

Eduardo Astorga



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Doctor y Profesor en Derecho Ambiental

Se ha cuestionado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como si fuese una cuestión de fe, llegándose incluso a negar esta realidad, tal como lo hizo Donald Trump al despreciar la crisis del coronavirus. Hoy resulta que Estados Unidos es el país con mayor nivel de contagio, y también uno los principales responsables de la emergencia climática.

Esto nos lleva a concluir que las definiciones estratégicas y las medidas subsecuentes deben ser adoptadas sobre la base de la evidencia científica, la que en materia del COVID 19 ya es mundialmente aceptada. La misma realidad es extrapolable al cambio climático, en torno al cual existen compromisos evidentemente insuficientes para precaver las consecuencias catastróficas que han sido advertidas por todo el mundo científico.

Una segunda conclusión es que las regulaciones no bastan para controlar las crisis; también es clave el factor cultural. Los fallidos intentos iniciales de cuarentena de Italia y España demostraron que se requiere que el tema sea “aprehendido” por la sociedad para que la norma resulte eficaz y eficiente. Lo mismo ocurre con el calentamiento global: los Estados deben dar las directrices generales, pero se requiere un comportamiento consecuente de la población y de la industria.

La tercera conclusión es que resulta ética, social y políticamente inviable sostener que las consecuencias económicas son factores superiores a la vida y la salud de las personas. El crecimiento económico no legitima cualquier resultado, ni en la salud de las personas como tampoco en la del planeta.

Un cuarto tema de especial relevancia es que nadie, independiente de su condición socio-económica, está exento de contaminarse con el virus, así como de sufrir las consecuencias de la emergencia climática.

Una quinta cuestión es que cada país ha buscado sus propias soluciones frente a la pandemia, evidenciando una absoluta falta de institucionalidad a nivel planetario. No obstante, se requieren medidas solidarias, coordinadas entre las partes y un proceso de maduración paulatina.

Una sexta conclusión señala que la vida y la salud de las personas, así como las funciones ambientales de los recursos, son patrimonio de todos; no una cuestión de apropiación individual, sino que propiamente de dominio público. Se trata, como afirma el jurista Gabriel Real, “de una sociedad planetaria ya que nuestro destino es común y no cabe la sostenibilidad parcial de unas comunidades nacionales o regionales al margen de lo que ocurra en el resto del planeta”.

La última conclusión apunta a que tanto la descarbonización como el control del coronavirus requerirá de transformaciones estructurales en nuestros modelos económicos y formas de consumo, lo que traerá pérdidas de empleos, pero también economías verdes y negocios sostenibles. Esto requerirá atender a los sectores más desfavorecidos y con menos recursos para afrontar la crisis, en un escenario de estabilidad democrática y justicia social.  

Es evidente como el fenómeno de la emergencia sanitaria actual resulta extrapolable a la crisis climática y, por tanto, es posible pedir medidas equivalentes antes que las consecuencias de ambas pandemias sean inevitables.

Columna publicada en InduAmbiente N° 163 (marzo-abril 2020), pág. 31.