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Reforma al SEIA fortalecerá la participación ciudadana y la descentralización

Reforma al SEIA fortalecerá la participación ciudadana y la descentralización

Así lo asegura Hernán Brücher, Director Ejecutivo del SEA, en relación al proyecto ingresado ayer al Congreso. “No se van a eliminar las oficinas regionales”, aclara.



Miércoles 1 de agosto de 2018.- Establecer la participación ciudadana previa obligatoria para los proyectos que se presenten a través de estudios de impacto ambiental (EIA), crear Comisiones Macrozonales para evaluar los proyectos, eliminar el Comité de Ministros como instancia para resolver reclamaciones en torno a las resoluciones de calificación ambiental (RCA). Esos son algunos de los importantes cambios que plantea el proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que el Gobierno ingresó ayer a tramitación en la Cámara de Diputados.    

Una iniciativa que “lo primero que busca es fortalecer este instrumento para proteger el medio ambiente. Lo segundo es dar más certezas a todos los involucrados dentro del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que incluye a las comunidades, a los proponentes de proyectos y también a los evaluadores que son los distintos órganos con competencia ambiental. Todos estos actores coinciden en que es necesario hacer algunos ajustes al SEIA”.

Así lo asegura Hernán Brücher, Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En una entrevista que se publicará en la próxima edición de revista InduAmbiente, la autoridad también destaca: “Este proyecto tiene una componente muy fuerte de descentralización en el sentido que empodera a las regiones a través de las macrozonas, manteniendo la operación de las oficinas regionales del SEA porque la mirada local es importante. Además, plantea una transición hacia una despolitización en la evaluación de proyectos y un fortalecimiento de la participación ciudadana, asegurando que las comunidades puedan dar una mirada previa a los proyectos que se emplazarán en su entorno e influir en su etapa de diseño”.

Más participación

Una de las principales propuestas de este proyecto de ley es la introducción de la participación ciudadana (PAC) anticipada de manera obligatoria para los EIA y voluntaria para las declaraciones de impacto ambiental (DIA). Este proceso de diálogo previo tendría una duración máxima de 18 meses y culminaría con el establecimiento de los denominados “términos de referencia ambientales” que sentarían las bases para la evaluación posterior del proyecto. Después de ese periodo, el proponente tendrá un plazo de dos años para presentar su proyecto al SEIA.  

Brücher añade que la PAC anticipada se va a desarrollar en base “a ciertos principios como la buena fe entre los participantes, y la representatividad efectiva de las comunidades y actores locales”. Además, se propone que algunos servicios públicos con competencia ambiental y experiencia en materia de participación ciudadana, como el mismo SEA y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, actúen como entes facilitadores.

El Director del SEA sostiene también que el establecimiento de la PAC anticipada justifica otro cambio propuesto en el proyecto de ley: acortar la participación ciudadana dentro del SEIA para los estudios de impacto ambiental de 60 a 30 días. Al respecto subraya: “Por eso es relevante que las comunidades puedan participar en la etapa previa de socialización de los proyectos, de tal manera que pueda influir en las etapas de diseño de los mismos, que es algo muy relevante y marca un cambio significativo con lo que ocurre hoy en día”.

Al mismo tiempo, la iniciativa legal abre la posibilidad de que todas las declaraciones de impacto ambiental (DIA) contemplen participación ciudadana cuando así sea requerida, y no solo aquellas declaradas con “carga ambiental” como ocurre hoy.

Descentralización y despolitización

El proyecto de ley también plantea crear 3 macrozonas: Norte, que abarcaría desde las regiones de Arica y Parinacota hasta la de Coquimbo; Centro, desde la región de Valparaíso hasta la del Maule; y Sur, desde la región de Ñuble hasta la de Magallanes y la Antártica Chilena. En cada una de ellas habría una Dirección del SEA y una Comisión conformada por 7 miembros que se encargaría de calificar los proyectos.

Hernán Brücher aclara las implicancias de este cambio estructural en el SEA, poniendo énfasis en que “en ningún caso se van a eliminar las oficinas regionales. Éstas se mantendrán para coordinar la evaluación a nivel regional y los procesos de participación ciudadana que es un componente que debe estar vinculado a las regiones. En algunos aspectos, incluso, habrá un fortalecimiento puesto que los jefes de las oficinas regionales podrían pasar a presidir los comités técnicos de evaluación. Además, se incrementará la presencia del SEA a nivel de macrozonas que contarán con Direcciones desde las cuales van a emanar los actos administrativos. Esto servirá también para empoderar a las regiones y favorecer la descentralización”.

Por otra parte, sostiene que la creación de las Comisiones Macrozonales de Evaluación contribuirá a acortar los márgenes de discrecionalidad política y hacer más técnica la evaluación, “puesto que dos de los siete integrantes de las Comisiones Macrozonales pasarán a ser profesionales de experiencia en la evaluación ambiental, elegidos por el Sistema de Alta Dirección Pública”.  

Estas Comisiones estarían integradas además por los Seremis de Medio Ambiente y de Economía de la Región en que se emplazaría el proyecto, los Intendentes Regionales correspondientes que pronto pasarán a ser Gobernadores Regionales elegidos por la ciudadanía, el Director Macrozonal correspondiente y un miembro designado por el Presidente de la República.

“Así, este organismo tendría una composición bastante más técnica que la actual. Esto se reforzará al eliminar el Comité de Ministros, con lo cual también se está dando un enorme paso en favor de la descentralización. Los proyectos ya no serán decididos en Santiago, ya que la propuesta incluye eliminar el recurso de reclamación en sede administrativa ‘centralista’. Todo será revisado por las Direcciones Macrozonales y las eventuales reclamaciones pasarían directamente a los Tribunales Ambientales, a los que se podría recurrir dentro de 30 días, dando mayor certeza también respecto de los plazos”, concluye.