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Reforma al Código de Aguas en fiscalización y sanciones aprobada para ser ley

Reforma al Código de Aguas en fiscalización y sanciones aprobada para ser ley

Por unanimidad, la Sala de la Cámara ratificó modificaciones tendientes a disuadir vulneraciones a derechos de agua.



Miércoles 11 de octubre de 2017.- Lista para ser Ley de la República quedó la reforma al Código de Aguas que fortalece las atribuciones de información, fiscalización y sanciones a la Dirección General de Aguas (DGA), luego de ser votada por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados.

Los diputados respaldaron por unanimidad las enmiendas propuestas por el Ejecutivo al Senado, que allí también fueron aprobadas por unanimidad. De esta forma, la iniciativa completa su proceso legislativo.

El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, destacó los cambios a la normativa vigente. Al respecto, comentó: “Nuevas facultades de fiscalización para la Dirección General de Aguas, con el fin de poder fiscalizar en terreno, entrar a los distintos predios, incluso con ayuda de la fuerza pública cuando es necesario. Y, además, un aumento de multas a quienes infraccionen, no cumplan el Código de Aguas y aumento de multas y sanciones penales para quienes roben agua”.

Por su parte, el Director General de Aguas, Carlos Estévez, señaló que “luego de un importante trabajo realizado para reformar el Código de Aguas desde el inicio del gobierno de la presidenta Bachelet, podemos decir que ya no dará lo mismo vulnerar los derechos de los más pequeños, porque contaremos con mejor información en derechos de aguas, facilidades para nuestros fiscalizadores y sanciones realmente disuasivas, que aumentan hasta  100 veces su monto”.

Esta nueva ley refuerza el rol fiscalizador de la DGA, otorgando la calidad de ministro de fe de los funcionarios, entregando mayor peso probatorio a sus actas de fiscalización; permite el acceso a predios, pudiendo solicitar el auxilio de la fuerza pública directamente. Además, se podrán paralizar obras que se ejecuten sin autorización en cauces naturales u ordenar el cegamiento de pozos.

Por otro lado, las sanciones irán del primer al quinto grado, según el tipo de contravención de que se trate, con multas que fluctuarán de 10 a 50 UTM, para el primer grado; de 51 a 100 UTM, para el segundo grado; de 101 a 500 UTM, para el tercer grado; de 501 a 1.000 UTM en el cuarto grado, y de 1.001 a 2.000 UTM en el quinto grado, para el caso de quienes falsean o duplican títulos para inscripciones fraudulentas.  

Asimismo, se incrementan las sanciones a quienes efectúan modificaciones de cauces sin permiso y se incorporan como sanción la falta de entrega de información solicitada, así como la negativa de permitir el acceso a terreno a los funcionarios que ejecuten labores de fiscalización.

El mayor y mejor acceso a la información se traduce en la posibilidad de recibir, mediante sistemas en línea, el control de extracciones. A su vez, los conservadores de bienes raíces informarán a la DGA sobre las inscripciones de derechos.