Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Proyecto de Ley de Antenas Emisoras

Eduardo Astorga

Astorga Eduardo-interior

Ph.D. Profesor de Derecho Ambiental


El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es un instrumento de “tercera generación” dentro de todo sistema de gestión ambiental, donde el segundo nivel corresponde a las normas de emisión y de calidad y a las regulaciones técnicas, y el primer nivel y base del mismo, a la Política Nacional Ambiental, cuyo primer desafío es regular las vocaciones y usos del territorio.

Pedirle respuestas al SEIA fuera de su ámbito estricto lo hace ineficaz, incompetente, e incluso genera conflictos. En definitiva, este instrumento no necesariamente garantiza la sustentabilidad de todos los proyectos sometidos a su conocimiento, sino sólo de aquellos que le corresponde ponderar.

El criterio de evaluación que se repite en la doctrina internacional y que debería primar también en Chile es reservar el SEIA para proyectos con impactos significativos, limitando el número de proyectos evaluados a aquellos que realmente lo justifican. Por ningún motivo, este instrumento se debe utilizar para suplir la falta de normativa técnica.

Lamentablemente, eso es lo que está haciendo la H. Cámara de Diputados al aprobar el proyecto de ley que somete al SEIA la instalación de antenas de telefonía móvil, motivada por la legítima preocupación de la sociedad chilena, principalmente por su potencial contaminación electromagnética, como también por el impacto económico, social y ambiental que pueden provocar, invocando el principio “precautorio” ante el aumento de las tecnologías.

Aclarando los conceptos, alcances y decisiones adoptadas, es preciso apuntar primero que el principio que inspira el SEIA no es el “precautorio”, sino el “preventivo”, ambos relevantes pero de naturaleza absolutamente distinta, y adscritos a instrumentos de gestión ambiental diferentes.

En segundo lugar, cabe señalar que la regulación nacional es bastante restrictiva en aspectos como: límites máximos de emisión de radiaciones, restricciones de distancia y de emisión de radiaciones en zonas definidas como sensibles a ello, obligatoriedad de incluir a la ciudadanía en la selección de lugares para instalar antenas y obligatoriedad de co-localizar antenas.

Ahora bien, a pesar de existir disposiciones sectoriales vigentes, aún no hay en Chile una norma de calidad ambiental o de emisión que regule la materia. No obstante, mediante la resolución exenta N° 1.021/2012, el Ministerio del Medio Ambiente inició el proceso de elaboración de la “Norma de emisión de ondas electromagnéticas asociadas a equipos y redes para la transmisión de servicios de telecomunicaciones”.

Ningún modelo serio ni desarrollado en el mundo somete esta tipología de proyectos al SEIA, ya que los regula con otros instrumentos de gestión ambiental más efectivos para estos efectos, como son los que forman parte de la legislación urbanística que se evalúa conforme a la Evaluación Ambiental Estratégica, y en lo específico en normas de calidad y normas de emisión.

Al igual que las bencineras, el transporte de sustancias peligrosas o los terminales de buses, lo razonable es que sean los planes reguladores los que establezcan sus emplazamientos. En ese marco, las antenas de telefonía móvil debieran emplazarse en azoteas o equivalentes, de manera de pasar desapercibidas, además de cumplir normas de calidad y emisión de última generación. Estándares que, por cierto, la industria de las telecomunicaciones chilena, dado su primer lugar de desarrollo en América Latina, debería estar más que llana a cumplir.


Columna publicada en Revista InduAmbiente N° 145, marzo-abril 2017 (pág. 24).