Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Infraestructura para el Desarrollo de Chile

Eduardo Astorga

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Por Eduardo Astorga
Abogado, Ph.D. y Profesor de Derecho Ambiental


La Organización de Naciones Unidas, dentro de los “Objetivos del Desarrollo Sostenible” al año 2030, plantea la necesidad de “Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”.

En estas materias no estamos a la vanguardia, tal como lo ha manifestado la OCDE pero es posible ponernos al día, a partir del instrumental institucional y jurídico vigente, y de ciertas modificaciones legales básicas.

En este contexto, la planificación y desarrollo de la infraestructura pública, sea ésta financiada por el sector público o por el sector privado, debe incorporar un conjunto de componentes que es preciso armonizar entre sí (proyecto, medio ambiente, ordenamiento territorial, comunidades locales y pueblos indígenas), así como con las otras variables indispensables, asociadas a factores técnicos y económicos.

Esto se basa en la idea que “crear infraestructura no es un fin en sí mismo, sino una forma para alcanzar propósitos ampliamente compartidos”, entre los cuales, desde una perspectiva socio-ambiental, destacan la coherencia territorial y la sostenibilidad en el tiempo.

El Consejo Políticas Infraestructura –CPI– precisamente en estas materias, ha formulado un conjunto contundente de propuestas que orienten las decisiones y acciones del Estado en estas materias, para que sean asumidas por el próximo Gobierno y de las cuales destacan:

-Hacer obligatoria la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para las políticas, planes y programas de infraestructura pública.

-Establecer el Diagnóstico Ambiental de Alternativas, como parte del SEIA, en la totalidad de los proyectos de infraestructura pública, para legitimar los diseños, emplazamientos y escala de los proyectos.

-Perfeccionar los procesos de Consulta Indígena del Convenio 169 de la OIT.  

-Otorgar a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), el carácter de vinculantes, lo que brindaría certezas y estabilidad a los promotores de proyectos, al SEIA y servicios públicos que esta instancia coordina, y a las comunidades sobre los territorios viables para emplazar obras de infraestructura y otras.

Para que el SEIA sea percibido como una oportunidad de mejora y no una traba, se requiere agilizarlo, asegurando eficiencia y oportunidad, además de certezas, a los actores públicos y privados.

Entre las modificaciones a implementar estarían:

-Establecer garantías monetarias (seguros) que respalden la ejecución de las Resoluciones de Calificación Ambiental.

-Implementar el sistema de evaluación y certificación de conformidad, para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) que permitan calificarlas en un plazo máximo de 30 días.

-Asegurar mecanismos de tramitación de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) en carácter de urgencia para proyectos de utilidad pública, reduciéndose los plazos a la mitad.

-Crear un sistema de negociación previa de términos de referencia entre autoridad y titulares, sobre los contenidos y alcances de las EIA.

Columna publicada en la revista InduAmbiente N° 144 (enero-febrero 2017), pág. 93.