Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Impuestos Verdes

Pedro Navarrete

Pedro Navarrete Columnista 155x155
Gerente de Asuntos Ambientales y Sustentabilidad
Cámara de la Producción y del Comercio de Concepción


Con recomendaciones OCDE, Chile incorporó los Impuestos Verdes en la Reforma Tributaria de 2014, sobre emisiones atmosféricas desde fuentes móviles (2015) y fijas (2017). Se trata de tributos ampliamente utilizados en el mundo para internalizar costos ambientales sin generar ineficiencias, siendo instrumentos apropiados para regular la calidad ambiental. El impuesto -de US$ 5 por tonelada de CO2, US$ 0,9 para MP, US$ 0,01 para SO2 y US$ 0,025 para NOx- recaudaría US$ 142 millones anuales, comenzando en 2018 basado en mediciones/estimaciones desarrolladas en 2017.

Se aplican a los establecimientos que superan los 50 MWt de potencia térmica considerando la suma de todas las fuentes fijas (calderas y turbinas) que operan en un mismo sitio. En Chile se han identificado 85, 31 de ellos en la Región del Biobío, especialmente afectada con este tributo. Le sigue Valparaíso, con sólo 11 fuentes.

Los supuestos operacionales y el mecanismo definido para determinar los establecimientos afectos, técnicamente discutibles, derivan en que se sobredimensiona su número. El principal defecto está en el cálculo de la potencia térmica del establecimiento, que no reconoce que las calderas auxiliares operan sólo una fracción de tiempo (normalmente 10 días al año y esporádicamente por inestabilidades puntuales de la caldera principal). Es un error también evaluarlas operando a máxima carga y el 100% del tiempo, sin considerar la realidad operacional, avalada por los proveedores de estos equipos.

No se entiende bien que la iniciativa esté desvinculada con planes de descontaminación y/o prevención sobre los mismos contaminantes; que no establezca mecanismos de compensación; que no reconozca sumideros de carbono en la agroindustria y que no se otorgue la necesaria e imprescindible gradualidad que la compatibilice con la difícil condición económica y de crecimiento que afecta a las empresas a nivel nacional y regional.

Es adecuado retornar al territorio los dineros recaudados, para financiar inversiones de mitigación; reconocer la inversión voluntaria en mitigación; eliminar la distorsión de mercado derivada del incremento del impuesto para establecimientos con operaciones en zonas declaradas saturadas o latentes, y estimular el reemplazo de combustible, como medida de mitigación.

Las inquietudes no se relacionan con la imposición de este nuevo gravamen ni sobre la pertinencia de su objetivo, ni su efectividad, sino porque su reglamentación contiene una apreciable cantidad de errores técnicos sobre la dinámica de las operaciones industriales.

Aunque los Impuestos Verdes fueron establecidos en 2014, los procedimientos solo han estado vigentes recientemente. Así, el Reglamento se publicó el 30 de diciembre 2016. Otras normativas han dado plazo para gestionar proyectos de inversión cuando están claras todas las restricciones.

Esta situación es una oportunidad para intercambiar ideas y construir consensos técnicos, tal como ocurre en el caso de otros instrumentos de gestión ambiental, que permitan corregir, mejorar y consolidar este moderno mecanismo de reducción de emisiones en Chile.

Columna publicada en la revista InduAmbiente N° 144 (enero-febrero 2017), pág. 29.