Revista de descontaminación industrial, recursos energéticos y sustentabilidad.

Compensaciones en Biodiversidad

Eduardo Astorga

Astorga Eduardo-interior
Ph.D. Profesor de Derecho Ambiental


Tal como afirma el PNUD en su reciente documento “Las 10 claves ambientales para un Chile sostenible e inclusivo”, “más del 20% de la superficie terrestre de Chile se encuentra oficialmente protegida, al igual que cerca de un tercio de la superficie marina de su Zona Económica Exclusiva; y junto con ello, se han clasificado más de 1.200 especies del país”.

Sin embargo estos esfuerzos no han sido suficientes “para revertir las tendencias negativas de la biodiversidad”, ya que como ejemplifica “el 49,6% de los ecosistemas terrestres se encuentran amenazados (6,3% en Peligro Crítico), al igual que el 73% de las especies clasificadas”.

En este contexto, cabe analizar la opción de implementar un sistema moderno de compensaciones en biodiversidad, con medidas efectivas, viables, realistas y finalmente monitoreables en forma sistemática. No se trata de una tarea fácil, pero tampoco es imposible.

Para entender el tema, hay que tener presente que las compensaciones se definen en la Ley 19.300, como la generación de un efecto positivo, alternativo y equivalente al efecto negativo identificado. Esta medida “residual” de todo sentido común y que opera en forma subsidiaria de las medidas de mitigación y reparación, en función de su naturaleza de recurso de “última ratio”, se vuelve extremadamente compleja cuando se hace cargo del componente biodiversidad.

Ello se debe primero al nivel de desconocimiento que existe en Chile, país altamente endémico en materia de biodiversidad, con líneas de base suelen desactualizadas, pobres y repetidas. Y segundo, porque lo que, al menos teóricamente, se debe compensar no son sólo individuos de una o varias especies, sino también genes y hábitats.

La idea en principio es que se verifique una pérdida neta de biodiversidad igual a cero, para lo que se deben cumplir los requisitos de equivalencia, adicionalidad y trazabilidad, existiendo además determinados límites materiales asociados a irremplazabilidad y vulnerabilidad.

En efecto, hay hábitats que tienen un valor intrínseco no compensable y la compensación procede sólo en la medida en que se resguarde la pervivencia de los ecosistemas.

Por otra parte el SEIA, sus autoridades y los propios titulares requieren de certezas en términos de plazo, emplazamiento y dimensión de estas medidas, así como de la disponibilidad de garantías de cumplimiento, tales como los seguros, otras instituciones jurídicas y por supuesto el Derecho Real de Conservación.

Se requiere de una Ley Marco de Biodiversidad cuyo Reglamento establezca tablas de equivalencia o proporcionalidad objetivas, así como el soporte de mecanismos tales como los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, la formalización de los “Sitios Prioritarios de Conservación”, y un mayor desarrollo regulatorio para créditos de biodiversidad y Biobancos, entre otros.

Lo esperable en esencia, aunque parezca utópico, es el cumplimiento satisfactorio y acreditable de las medidas de compensación a nivel de una completa restauración.

Columna publicada en InduAmbiente 149 (noviembre-diciembre 2017), pág. 19.