Jueves 29 de octubre de 2009.- El Ejecutivo envió ayer al Congreso el proyecto de ley que crea el Tribunal Ambiental, inédita instancia que completa la nueva institucionalidad “verde” luego de que, tras la maratónica jornada del lunes, la comisión de Medio Ambiente del Senado aprobara el nacimiento del ministerio, la superintendencia y el servicio de evaluación ambiental.

El Tribunal Ambiental estará integrado por cinco miembros, uno designado por la Corte Suprema y los otros cuatro provendrán del concurso de Alta Dirección Pública.

En el nuevo esquema, las sanciones más duras que la superintendencia podría aplicar, revocación de permiso ambiental y clausura de empresa, deberán ser ejecutadas previa aprobación del Tribunal.

Iniciada en junio del 2008, la reforma avanzó este lunes luego del acuerdo suscrito por el gobierno, senadores PS, DC, RN, UDI y algunos independientes.

El pacto político asegura favorable votación en sala, programada para la próxima semana, pese a que el protocolo no fue firmado por Guido Girardi (PPD), Nelson Ávila (PRSD) y Alejandro Navarro (MAS).

Tras la extensa jornada, Pablo Longueira (UDI) valoró el consenso alcanzado entre la derecha y parte del oficialismo, pues “permitió garantizar los votos para dar viabilidad a la iniciativa, de modo de evitar las experiencias vividas con otros, como por ejemplo, el proyecto sobre bosque nativo, que al no generar consenso tardó casi 15 años en ser tramitado en el    Congreso”, dijo.                                                                                                     

Alejandro Navarro, en tanto, criticó la tramitación “express” de la iniciativa. “Fue excesivamente rápido. Discutir el proyecto que crea un ministerio en un plazo de un día, o de dos días, no nos parece adecuado. Es producto de un acuerdo político, el cual esta bancada, la bancada del PPD e independientes, no ha suscrito”, dijo el senador, quien, entre otros temas, exige participación ciudadana con mayor peso a la hora de contrarrestar a las industrias.

Con todo, el acuerdo busca zanjar antes del 5 de noviembre la superintendencia y del 10 de marzo el tribunal, para tener funcionando en un año toda la naciente estructura.

Fuente: La Nación